En busca de respuestas

 

El tercer monitoreo de la Fundación Chamorro acerca del grado de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), corrobora la existencia de diferentes actitudes de quienes dirigen las instituciones, ante las peticiones ciudadanas. Uno el comportamiento de las instancias estatales y otro el de las alcaldías municipales. No existe comparación entre las respuestas obtenidas por los representantes de los ministerios de Estado, miembros del Consejo Supremo Electoral, funcionarios del Poder Judicial y las ofrecidas por los integrantes de las comunas. Mientras en los primeros persiste el atrincheramiento y poco interés en responder las solicitudes ciudadanas, las alcaldías se distinguen por un avance ascendente y sostenido en la entrega de la información solicitada.

En Nicaragua no existe tradición de rendición de cuentas. La conducta de los más altos representantes del Poder Ejecutivo y sus reiteradas negativas a estas demandas expresa una falta de voluntad política por entregar información de naturaleza pública. Los administradores de la cosa pública, nunca han sido entrenados para actuar diligentemente con la ciudadanía. El Estado continúa administrándose como un ente privado. Un comportamiento que muchas veces entorpece y otras, anula las posibilidades poner en marcha planes nacionales de largo alcance. La visión cortoplacista sigue siendo norma, incluso al interior de las distintas expresiones partidarias. El comportamiento de la clase política continúa produciendo desencanto. Pareciera que su único interés es lograr cuotas de poder.   

Al cumplirse -mayo de 2012- el primer quinquenio de aprobación y puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública, los avances no han sido los esperados. El regateo obedece a la decisión gubernamental de no orientar y estimular su cumplimiento. La institucionalidad es acosada y asediada de manera permanente. La inexistencia y crisis del servicio civil, obedece a meros caprichos políticos, igual ocurre en la carrera judicial y del servicio exterior. La llegada de un nuevo gobierno casi siempre supone el desmantelamiento jurídico-institucional de los logros alcanzados por sus predecesores. El servicio público se volvió absolutamente clientelar. Los funcionarios responden a las directrices emanadas de los gobernantes, nunca a las normas y preceptos que rigen el ejercicio de sus funciones. Las leyes son simples enunciados, no  mandatos que deben cumplirse estrictamente.

La Ley de Acceso a la Información Pública manda a universidades y centros de estudios, darla a conocer entre el alumnado con el propósito de crear una nueva cultura cívica. Ni el Centro Nacional de Universidades (CNU), ni las universidades públicas y privadas, han actuado en correspondencia con lo prescrito en la LAIP. Algunas universidades han patrocinado debates con la intención que los estudiantes se apropien de sus alcances y ejerciten estos derechos. La Fundación Chamorro, se impuso otra vez la tarea de capacitar a 114 ciudadanos. Entre los meses de marzo y abril presentaron 79 solicitudes en 9 alcaldías, 5 ministerios de Estado, 5 entes autónomos, Consejos Electorales Departamentales (CED), y judicaturas del Poder Judicial. Una actividad que rindió frutos.

Los datos comparativos relacionados con las alcaldías demuestran una sustancial mejoría. En 2011 el nivel de cumplimiento fue del 40%, en el primer cuatrimestre de 2012 alcanzó un 67% de respuestas positivas. La comuna diriambina volvió a ser la mejor, respondió en un 100% las solicitudes presentadas. Con excepción de Rivas, donde hubo decremento, Jinotega, Matagalpa, Matiguás, Río Blanco, León, Jinotepe, incluso Managua, se produjeron avances significativos. En Matagalpa donde la ciudadanía no había obtenido respuesta a sus solicitudes, este año alcanzó el 50%. Los datos de ministerios y entes autónomos son menos alentadores. Carecen de formatos, exigen justificar las peticiones, algo que no establece la LAIP y muy pocas cumplen en tiempo y forma con la entrega de la información requerida.

Podría pensarse que estas reticencias obedezcan al carácter de la información demandada. La ciudadanía ni siquiera solicitó información que comprometiera políticamente a los funcionarios. Las solicitudes giraron en torno al manejo de recursos financieros, cómo están estructurados los presupuestos municipales, cómo se manejan los recursos decomisados por la policía, cuál es el funcionamiento administrativo de estas instituciones; indagaban sobre las concesiones de las rutas de transporte, las estadísticas institucionales y los proyectos de infraestructura bajo su responsabilidad. El monitoreo a la vez constató que solo el 5% cumple con la implementación de las páginas Web. El Banco Central de Nicaragua se destaca nuevamente por su alto nivel de cumplimiento (92%), seguido por el Instituto Nicaragüense de Energía (88%) y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (86%). En la evaluación de 2009 el 90% de las entidades contaba con página Web y este año el 100% las tienen disponibles.

En cuanto a las entidades que cumplen con el Art.20 LAIP que prescribe el tipo de  información que  deben publicar de oficio en sus páginas Web, operó un ligero descenso, pasó de 8.6% en 2009 a 5.8% en 2012. Debemos ser conscientes, mientras no cambie el comportamiento del gobierno central, no deben esperarse cambios sustanciales en el resto de las instituciones del Estado. Muchos nicaragüenses se abstienen de utilizar este instrumento, porque de antemano conocen el muro contra el cual se van a estrellar sus peticiones. La decisión de la Fundación Chamorro de capacitar a la ciudadanía, constituye un logro. A los nicaragüenses asiste el derecho de solicitar, incluso a una parte del sector privado, toda información que requieran para saber cómo se invierten los impuestos y administran los recursos.

Además de evaluar al Estado, entes descentralizados, regiones autónomas y alcaldías, la Fundación Chamorro está llamada a realizar un trabajo similar con las instituciones privadas que reciben dinero, licencias y concesiones del Estado (Art.1 LAIP). Su labor para que sea integral necesita orientarla también en esta dirección. Dos servicios sensibles, telecomunicaciones y energía, son ofrecidos por instituciones de carácter privado. Las quejas reiteradas de los usuarios de la telefonía móvil y los frecuentes desencuentros con Gas Natural, deberían de servir de estímulo a la Fundación Chamorro. Desconozco cuáles serán los resultados, pero el hecho que Telcor se haya negado a entregar a medios y periodistas, la forma como se estructuran los pliegos tarifarios, no presagia nada bueno. ¿Será posible que estas instituciones, como prueba de transparencia, los entreguen?