miércoles, 8 de mayo de 2013

Los apologistas de las mentiras



Con el ánimo de desviar la atención del asunto central –el cierre inexplicable e intempestivo de El Alacrán- los dueños y dirigentes de El Nuevo Diario, han emprendido una campaña de linchamiento en mi contra, basada en una sarta de falsedades, adobadas al estilo estalinista.

En distintos momentos hemos discutido la validez o no de los cambios de dueños en los medios de comunicación. Nunca ha habido una sobre reacción como la rabieta expresada por los dueños y dirigentes de El Nuevo Diario. Cuando se produjo la venta de Telenica Canal 8, el relanzamiento de La Prensa, la venta de Canal 2 y el acaparamiento televisivo que ha permitido la creación de un duopolio encabezado por el mexicano-estadounidense Ángel González y la familia gubernamental, formulamos nuestras apreciaciones.

En Esta Noche han comparecido los periodistas y dirigentes de medios a discutir sobre temas de comunicación, los únicos que han rehuido al debate son los dirigentes de El Nuevo Diario. Más bien han rehuido al debate público y en su lugar han optado por la descalificación sin entrar a fondo a los temas de debate.

En cuanto a las afirmaciones de El Nuevo Diario debo aclarar:

Primera mentira.- Nunca fui Vice-Ministro de Cultura, como afirman los apologistas de la mentira.

Segunda mentira.- Jamás fui director de Medios de Comunicación en el Ministerio del Interior, como mal intencionadamente expresan. Para aclarar el infundio únicamente bastaba preguntar al licenciado Juan Ramón Huerta, jefe de Globo, la sección internacional de El Nuevo Diario. ¿Por qué no lo hicieron?

Foto tomada en el Aeropuerto Augusto C. Sandino, a mi regreso de Venezuela donde acompañé al Ministro Borge. En la foto con un círculo se destaca al joven Juan Ramón Huerta, miembro del equipo de RRPP del Ministerio de Interior. Foto 13/10/81



Llegué al Ministerio del Interior en enero de 1981 como Director de Relaciones Públicas. http://www.elnuevodiario.com.ni/opinion/59135 Sustituí en el cargo a don Guillermo Genie. El equipo de trabajo bajo mi responsabilidad estaba conformado por los periodistas William Montiel, Yadira Báez y Michelle Castellón, todos miembros de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN). Mi nombramiento lo hizo público en la Unión de Periodistas de Nicaragua en diciembre de 1980.



Nombramiento en la sede de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), hecho público por Tomás Borge. Foto publicada en Barricada el 3 de enero de 1981, pág. 6


Para fortalecer el cuerpo de periodistas se contrató a Juan Ramón Huerta, a quien los dueños y dirigentes de El Nuevo Diario, bastaba que consultasen para no incurrir en otra falsedad. Estuve en la Dirección de Relaciones Públicas del Ministerio del Interior hasta diciembre de 1981.

Tercera mentira.- En enero de 1982 pasé a la Universidad Centroamericana (UCA) donde como profesor de tiempo completo de la Carrera de Sociología. El Dr. Guillermo Vargas Sandino logró mi contratación con el Rector de la UCA, Amando López S. J. Entre enero y julio también empecé una asesoría en comunicación en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA). La periodista Magdalena Reyes, ahora en Migración y Extranjería, trabajó conmigo en esos meses.

En agosto de 1982 partí para México a realizar estudios en comunicación en la División de Postgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). ¿Cómo podría censurar los medios si para entonces me encontraba fuera del país estudiando?

Regresé a Nicaragua en mayo de 1984 como miembro del equipo de asesores del Ministro del Interior, Comandante Tomás Borge Martínez.

Las publicaciones de El Nuevo Diario, ante la imposibilidad de defender el atropello cometido contra Pedro Xavier Molina, al haber cerrado El Alacrán, no les ha importado estar haciendo apología de la mentira. No han tenido escrúpulos en recurrir a la difamación y la calumnia. Yo cargo mis muertos no con los ajenos.



Otros artículos de referencia:
¡Por la verdad histórica! http://www.elnuevodiario.com.ni/sucesos/52602



viernes, 3 de mayo de 2013

Atrapados en su propia trampa




En la práctica de los mandatarios nicaragüenses y dirigentes de Telcor, ha prevalecido una visión estrábica. Siempre que han podido han franqueado la Ley de Telecomunicaciones (Ley 200), haciendo prevalecer el Código de Comercio, como si sus disposiciones encerraran el secreto de la piedra filosofal. Todo con el ánimo de satisfacer las demandas de ciertos dueños de radio y televisión en sus distintas variantes, así como de los operadores de internet y servicios de telefonía básica y móvil. El recuento de acontecimientos es largo y comprende a todas las administraciones, tomando como punto de partida el gobierno de Doña Violeta Chamorro. Ninguno ha escapado a las arbitrariedades.

Las telecomunicaciones no debieron privatizarse, Costa Rica fue el país centroamericano que mejor entendió su carácter estratégico y sus implicaciones para el desarrollo de la vida contemporánea, razón suficiente para no ser fácilmente enajenadas. Todos los partidos con representación en el seno de la Asamblea Nacional participaron en esta charanga. Ningún político fue capaz de entender que Nicaragua se estaba deshaciendo de su activo más valioso e importante. Desde entonces prevaleció una visión estrictamente mercantil, absolutamente comercial. No quisieron entender los nexos que la comunicación tiene con la preservación de la identidad y cultura nacional.

No fueron capaces de voltear la mirada hacia los países más desarrollados. Los límites que imponen estas naciones a la inversión extranjera se deben fundamentalmente a su naturaleza estratégica. El nuevo modo de acumulación de capital tiene a las telecomunicaciones como soporte. Es su centro de gravitación y eje rotor. Las bases y bancos de datos encierran el mayor tesoro planetario. Son los abrevaderos donde se nutre el imaginario mundial. En Nicaragua la cultura nunca ha sido percibida como la fragua donde se forjan visiones y sensibilidades, maneras de entender y actuar de los pueblos. También se ha obviado y pretendido desconocer que las culturas son hoy en día el principal sector en disputa y las telecomunicaciones el eje articulador de este debate.

Cualquier precio que pagaran los adquirentes por la infraestructura de telecomunicaciones era irrisorio. No se trataba únicamente de pesos y centavos, aunque se trate de un sector económico muy dinámico, genuino generador de recursos financieros. Con el giro experimentado el conocimiento ha pasado a ser clave en la generación de riquezas. La sociedad que vivimos ha sido caracterizada como sociedad red. Las telecomunicaciones son a la vez el centro neurálgico de la política mundial. El segundo traspiés fue la reforma al Artículo 29 de la Ley 200, que imponía límites a la inversión extranjera en el campo de radio y televisión. Una enorme hendidura que sangró y debilitó este cuerpo jurídico.

Con astucia matrera -hecha la ley hecha la trampa- hicieron que el Código de Comercio fuese el santo y seña para que estas compras fuesen consideradas como una simple operación entre privados. Desde entonces ha prevalecido este criterio entre quienes han ejercido la dirección ejecutiva de Telcor. Se han mostrado ciegos, sordos y mudos ante los cambios intempestivos de las frecuencias radioeléctricas. El caso más flagrante fue la venta de Canal 10. El empresario mexicano-estadounidense Ángel González se enteró que estaba en un país donde las reglas jurídicas podían ser violadas, acontecimiento que marcó el nacimiento de su emporio mediático en Nicaragua.

La siguiente operación fue la venta de Estesa al empresario mexicano Carlos Slim, con su adquisición Claro adquirió una posición privilegiada, conquistaba la televisión por cable, consolidando una posición cuasi-monopólica. No le bastaba la telefonía fija, móvil e internet, entraba de lleno al campo de la televisión. Telcor consintió sin objetar nada. El argumento esgrimido para no intervenir fue que se trataba de una transacción entre privados. El ente regulador fingió nuevamente estar ciego, sordo y mudo. La operación se realizó bajo las normas establecidas en el Código de Comercio. Igual ocurrió con la compra-venta de Canal 8, afirmaron sin empachos que se trataba de una compra-venta entre privados. La ley de 200 fue pasada por alto, pese a estar de por medio en todas estas operaciones el traslado de las frecuencias, incluyendo la otorgada a Canal 8.

Telcor de pronto ha recobrado la memoria y se acordó que las frecuencias son del Estado. El artículo 10 de la Constitución Política establece que se trata de un bien de la nación. Me sorprendió el tono amenazante contra Sky, utilizado por su director, Orlando Castillo. Dejó ver que algunos personeros del gobierno prefieren actuar bajo las premisas de premio-castigo. No puede ni debe haber disentimiento. Nadie debe objetar su actuación aun cuando actúe a contrapelo de lo establecido en la Ley 200. El mensaje enviado es que si siguen chillando les van a cortar la yugular. ¿Su actitud intimidatoria tiene que ver con las graciosas concesiones hechas a lo largo del tiempo a Claro, Movistar y también a Sky? González permanece ajeno a estas refriegas, mientras Shinwei y Yota no se dan por aludidas. Sienten que este rifi-rafe no es con ellos.

Para que Telcor pueda emitir el Acuerdo 005-2013 la Ley 200 tiene que ser reformada. La ley no le otorga las facultades auto conferidas. Como la bancada de gobierno alega que esta ley no debe seguir parchándose, la única alternativa viable sería mediante la aprobación de una nueva Ley de Telecomunicaciones que venga a poner fin a tantas discrecionalidades y arbitrariedades y otorgarles las prerrogativas que ha venido abrogándose. Si esto no ocurre Telcor continuará actuando por las vías de hecho. Como gesto positivo las autoridades del ente regulador deberían reencauzar sus actuaciones por los senderos de la legalidad. Tejieron con tanta delectación la trampa en la que se encuentran atrapados, que ahora su actuación provoca rechazo incluso entre sus beneficiados. ¡Qué ironía!