Atrapados en su propia trampa

En la práctica de los mandatarios nicaragüenses y dirigentes de Telcor, ha prevalecido una visión estrábica. Siempre que han podido han franqueado la Ley de Telecomunicaciones (Ley 200), haciendo prevalecer el Código de Comercio, como si sus disposiciones encerraran el secreto de la piedra filosofal. Todo con el ánimo de satisfacer las demandas de ciertos dueños de radio y televisión en sus distintas variantes, así como de los operadores de internet y servicios de telefonía básica y móvil. El recuento de acontecimientos es largo y comprende a todas las administraciones, tomando como punto de partida el gobierno de Doña Violeta Chamorro. Ninguno ha escapado a las arbitrariedades.

Las telecomunicaciones no debieron privatizarse, Costa Rica fue el país centroamericano que mejor entendió su carácter estratégico y sus implicaciones para el desarrollo de la vida contemporánea, razón suficiente para no ser fácilmente enajenadas. Todos los partidos con representación en el seno de la Asamblea Nacional participaron en esta charanga. Ningún político fue capaz de entender que Nicaragua se estaba deshaciendo de su activo más valioso e importante. Desde entonces prevaleció una visión estrictamente mercantil, absolutamente comercial. No quisieron entender los nexos que la comunicación tiene con la preservación de la identidad y cultura nacional.

No fueron capaces de voltear la mirada hacia los países más desarrollados. Los límites que imponen estas naciones a la inversión extranjera se deben fundamentalmente a su naturaleza estratégica. El nuevo modo de acumulación de capital tiene a las telecomunicaciones como soporte. Es su centro de gravitación y eje rotor. Las bases y bancos de datos encierran el mayor tesoro planetario. Son los abrevaderos donde se nutre el imaginario mundial. En Nicaragua la cultura nunca ha sido percibida como la fragua donde se forjan visiones y sensibilidades, maneras de entender y actuar de los pueblos. También se ha obviado y pretendido desconocer que las culturas son hoy en día el principal sector en disputa y las telecomunicaciones el eje articulador de este debate.

Cualquier precio que pagaran los adquirentes por la infraestructura de telecomunicaciones era irrisorio. No se trataba únicamente de pesos y centavos, aunque se trate de un sector económico muy dinámico, genuino generador de recursos financieros. Con el giro experimentado el conocimiento ha pasado a ser clave en la generación de riquezas. La sociedad que vivimos ha sido caracterizada como sociedad red. Las telecomunicaciones son a la vez el centro neurálgico de la política mundial. El segundo traspiés fue la reforma al Artículo 29 de la Ley 200, que imponía límites a la inversión extranjera en el campo de radio y televisión. Una enorme hendidura que sangró y debilitó este cuerpo jurídico.

Con astucia matrera -hecha la ley hecha la trampa- hicieron que el Código de Comercio fuese el santo y seña para que estas compras fuesen consideradas como una simple operación entre privados. Desde entonces ha prevalecido este criterio entre quienes han ejercido la dirección ejecutiva de Telcor. Se han mostrado ciegos, sordos y mudos ante los cambios intempestivos de las frecuencias radioeléctricas. El caso más flagrante fue la venta de Canal 10. El empresario mexicano-estadounidense Ángel González se enteró que estaba en un país donde las reglas jurídicas podían ser violadas, acontecimiento que marcó el nacimiento de su emporio mediático en Nicaragua.

La siguiente operación fue la venta de Estesa al empresario mexicano Carlos Slim, con su adquisición Claro adquirió una posición privilegiada, conquistaba la televisión por cable, consolidando una posición cuasi-monopólica. No le bastaba la telefonía fija, móvil e internet, entraba de lleno al campo de la televisión. Telcor consintió sin objetar nada. El argumento esgrimido para no intervenir fue que se trataba de una transacción entre privados. El ente regulador fingió nuevamente estar ciego, sordo y mudo. La operación se realizó bajo las normas establecidas en el Código de Comercio. Igual ocurrió con la compra-venta de Canal 8, afirmaron sin empachos que se trataba de una compra-venta entre privados. La ley de 200 fue pasada por alto, pese a estar de por medio en todas estas operaciones el traslado de las frecuencias, incluyendo la otorgada a Canal 8.

Telcor de pronto ha recobrado la memoria y se acordó que las frecuencias son del Estado. El artículo 10 de la Constitución Política establece que se trata de un bien de la nación. Me sorprendió el tono amenazante contra Sky, utilizado por su director, Orlando Castillo. Dejó ver que algunos personeros del gobierno prefieren actuar bajo las premisas de premio-castigo. No puede ni debe haber disentimiento. Nadie debe objetar su actuación aun cuando actúe a contrapelo de lo establecido en la Ley 200. El mensaje enviado es que si siguen chillando les van a cortar la yugular. ¿Su actitud intimidatoria tiene que ver con las graciosas concesiones hechas a lo largo del tiempo a Claro, Movistar y también a Sky? González permanece ajeno a estas refriegas, mientras Shinwei y Yota no se dan por aludidas. Sienten que este rifi-rafe no es con ellos.

Para que Telcor pueda emitir el Acuerdo 005-2013 la Ley 200 tiene que ser reformada. La ley no le otorga las facultades auto conferidas. Como la bancada de gobierno alega que esta ley no debe seguir parchándose, la única alternativa viable sería mediante la aprobación de una nueva Ley de Telecomunicaciones que venga a poner fin a tantas discrecionalidades y arbitrariedades y otorgarles las prerrogativas que ha venido abrogándose. Si esto no ocurre Telcor continuará actuando por las vías de hecho. Como gesto positivo las autoridades del ente regulador deberían reencauzar sus actuaciones por los senderos de la legalidad. Tejieron con tanta delectación la trampa en la que se encuentran atrapados, que ahora su actuación provoca rechazo incluso entre sus beneficiados. ¡Qué ironía!