I. Se redefinen formas de hacer política.
La década de los setenta del siglo pasado sirvió como parte aguas para la
discusión de un nuevo orden informativo internacional. El despegue y desenlace
de esta controversia condujo al debate sobre la pertinencia del esquema mundial
prevaleciente en el campo mediático. La UNESCO sirvió de plataforma para
impulsar distintos estudios que precipitaron crisis en su seno y sirvió como
detonante sobre los cambios que sobrevendrían en el campo de la comunicación. Se
avizoraban mutaciones no solo en el orden tecnológico también muchas serían de
carácter conceptual. Como corolario apareció Voces Múltiples, Un Solo
Mundo (Unesco 1980) un informe de compromiso ante los intereses en pugna.
Ninguna de los dos sectores fundamentales cedió posiciones. La comunicación se
convirtió en un campo no negociable de la política exterior de Estados Unidos.
Los países del tercer mundo adquirían plena conciencia de las grandes brechas
informativas existentes y del carácter unidireccional de la comunicación a la
vez que pedían su reversión.
La trascendencia de esas refriegas alcanza el presente. La ligera
inclinación de la balanza a favor de las tesis estadounidenses, específicamente
su defensa del libre flujo informativo
- parte medular de su doctrina - precipitaría la ampliación del concepto de libertad de expresión ciudadana, volviéndole
extensivo a la publicidad comercial (Libertad
de expresión comercial. Informe sobre
la comunicación en el mundo. Unesco 1990). Una especie de castración
conceptual. Unos años antes que la UNESCO restara eficacia y redefiniera la libertad de expresión ciudadana, el
gobierno del presidente Ronald Reagan empezaba en Estados Unidos el
desmantelamiento de la prohibición de la propiedad cruzada. Los estrategas de
ese país tenían en miras fortificar y apuntalar un nuevo orden informativo
comandado bajo su égida. En 1990 la Unesco daba un giro, coincidiendo con los
esfuerzos que hacía Estados Unidos por afianzar su hegemonía mundial. Hoy su
predominio resulta indisputable.
Los paradigmas sustentados en el mercado y la comunicación metieron la
política por nuevos rumbos, creando otros espacios y formas para su
realización. El acrecentamiento del poderío mediático y su concentración en
pocas manos marcan la pauta y forman parte inexorable del entramado mundial,
regional y nacional. Los medios audiovisuales redefinen las maneras de hacer
política. El sistema de representación prevaleciente muda de sitio. Surgen los líderes electrónicos -una metáfora de
Furio Colombo- cuyo prestigio muchas veces se orienta a disputar la supremacía
a los liderazgos políticos tradicionales o bien tienden a sustituirlos. En ese
mismo instante irrumpe pletórica la centralidad comunicacional de la política. Las agendas políticas deben ser
negociadas con quienes detentan la propiedad y dirección de los medios. La
intermediación ejercida por los políticos ante el Estado viene a ser
contrarrestada o arrebatada por los medios.
Sin la comprensión del contexto que marca transformaciones irreversibles
sería imposible entender la preeminencia que adquiere la comunicación. En esta
metamorfosis políticos y académicos están conscientes que "en todo el mundo, los medios de comunicación
son la forma de comunicación decisiva", lo que implica que "la política es fundamentalmente una política
mediática". (Castells, 2012, 261). La función y alcance de los medios
es revalorizada. Para Guillermo Orozco los medios son lenguajes, metáforas,
lógicas, empresas, escenarios donde se disputa el poder. Desde esa misma
perspectiva, Raúl Trejo Delarbre expone "que los medios de masas no sólo contribuyen a la conformación de gustos
y estilos culturales sino que, a la vez, tienen un papel indispensable en la
definición de consensos en las sociedades contemporáneas" (Trejo 2005,
171). El uso instrumental de los medios y su definición funcionalista resultan
demasiada estrechas.
Al convertirse en las nuevas plazas públicas, la clase política se ve
obligada a dominar sus lenguajes, atender sus lógicas y formatos. Los medios
rehacen todo el cuadro actoral. La clase política sale a su encuentro con la
misma fruición con que busca la adhesión de los votantes y el beneplácito
ciudadano. Es la primera vez en la historia que los medios imponen las reglas
del juego político. Una dictadura que están aprendiendo enfrentar. Primero a
través de un aparato mediático
propio y otra mediante las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la
información y comunicación. El especialista en imagen ocupa un lugar
privilegiado. Las frases cortas y brillantes son compensadas. El lenguaje
elíptico sufre un duro revés. Premia el azul telegénico. Los políticos se salen
del parlamento para instalarse preferentemente ante el set y cámaras televisivas.
Nada atrae tanto a los políticos como las cámaras televisivas.
El ascenso de la televisión ocurre de forma meteórica, nada queda fuera de
sus reflectores. La religión, la guerra, los deportes, la política, la cultura,
la educación, son acotados gracias a su creciente influjo. Su poder quedó
definido con la cobertura que hicieron las cadenas televisivas estadounidense de
la guerra en Vietnam (1973-1975). En la medida que ocurría el proceso de
integración y convergencia de los satélites, la electrónica y la comunicación
social, su influencia determinante se expandía. El nuevo sistema de propiedad
acrecentaba el poder de sus dueños, originando conflictos de interés que no
cesan todavía. El poder de los medios cada día que pasa se reafirma y
acrecienta. Son los encargados de moldear nuestras mentes y surtir nuestro
imaginario. Como reconoce Castells "las
relaciones de poder se basan en gran medida en la capacidad para moldear las
mentes construyendo significados a través de la creación de imágenes".
Los políticos saben que comunicar es gobernar y especialmente frente a las
cámaras.
II. Medios a debate.
El debilitamiento de la clase política resulta directamente proporcional
con el fortalecimiento de las posiciones adquiridas por dueños de medios y
anunciantes. El modelo empresarial sobre el que se asienta su existencia abre
el apetito de los anunciantes. Se ven tentados por incidir en sus políticas
informativas y editoriales. La mercantilización de la información resulta
evidente. Se habla de consumidores no de ciudadanía, el rating se convierte en
alfa y omega, determina los porcentajes publicitarios, su vida misma. El mayor
o menor flujo de anuncios depende del número de televidentes, radioescuchas o
lectores que capten sus emisiones y favorecen su circulación. El pluralismo
informativo se debilita, empresarios y gobiernos se atienen únicamente al santo
y seña de los índices de audiencias y lectores. No atienden otros parámetros
igualmente importantes.
Se olvida deliberadamente que el pluralismo mediático constituye una condición
necesaria para el pluralismo político. El
tema de las minorías políticas, sociales, étnicas y culturales en procesos
galopantes de concentración mediática debería interesar de sobremanera. Sin
mayores preámbulos son invisibilizadas. Amplios sectores quedan fuera del radar
por no disponer de recursos económicos suficientes. El fenómeno resulta fácilmente
determinable durante los procesos electorales. El costo de las campañas se ha
disparado. La falta de dinero impide recurrir a los medios, sobre todo de la
televisión cuyas tarifas resultan inalcanzables para quienes carecen de plata.
El análisis debe efectuarse en términos de equidad y no simplemente desde la perspectiva económica. El despegue de los
medios de comunicación en Nicaragua siguió el esquema de desarrollo
socioeconómico del país. Garantizar acceso a los medios significa garantizar
canales de expresión a sectores
tradicionalmente excluidos, sin necesidad de mediaciones espurias.
La centralidad comunicacional de la política desplaza el eje de gravitación
a favor de medios y periodistas. El liderazgo ejercido antaño por los políticos
pasa a un segundo plano. Como expone el venezolano Eduardo Fernández, no hay
duda "los medios están cumpliendo
una labor de intermediación e interpretación entre las instituciones y el
pueblo, labor que antes, cuando los medios no estaban tan desarrollados,
cumplían los partidos políticos". (Revista Contribuciones, 1996) El
ascendiente adquirido ante la sociedad les convierte en interlocutores
ineludibles y privilegiados. Su funcionamiento incesante y la ductilidad con
que operan, su actividad en tiempo real las 24 horas del día durante los 365 días
del año, les transforman en actores políticos de primer orden. El parlamento se
debilita. Los procesos de discusión legislativa adquieren mayor o menor
relevancia según los intereses en juego y la resonancia que adquieren en los
medios.
Uno de los aspectos más visibles viene a ser la manera que se ha revertido contra
la clase política la entrega de las frecuencias radioeléctricas. En la práctica
las dimisiones realizadas en la esfera mediática se han traducido en tener que regatear
espacios ante quienes resultaron favorecidos con el otorgamiento de las
frecuencias radiales y televisivas. Pocas veces invierten en los medios del
Estado. La utilización que realizan de estos canales es
meramente instrumental y están bajo el mando de la cabeza de gobierno, ni
siquiera funcionan como medios estatales. El crecimiento exponencial de los medios, sobre todo en el campo de las
telecomunicaciones y las transmisiones satelitales consolida y expande el poder
mediático.
La televisión refuerza su condición hegemónica. Se ubica en la cúspide de
la pirámide mediática, capitaliza a su favor la mayor cuantía de las
inversiones que hacen los políticos por situar su imagen entre la ciudadanía y
el electorado. Especialmente los gobernantes que han caído seducidos a sus
pies. Ante la máxima invariante "gobernar
es hacer creer", la imagen se convierte en ley. "Determina los índices de popularidad, la
composición de los gobiernos, las jerarquías en el Estado, el calendario y los
contenidos del discurso público". (Debray Régis, 1994, 280). Resulta
un total contrasentido y un boomerang que los beneficiarios de las frecuencias hayan
adquirido mayor poder incluso que los gobernantes que se las otorgaron. La
clase política resulta víctima de su propio desposeimiento. Un tema que debería
concitar el interés de sociólogos y politólogos.
Ejemplo elocuente por su cercanía geográfica y el creciente ascendiente que
tiene en la parrilla televisiva nicaragüense resulta ser Guatemala. El control
que ejerce Ángel González en la televisión de ese país ha debilitado a la clase
política guatemalteca. No existe candidato a la presidencia de la república que
no haga romería hasta Miami para pedir su indulgencia. Este mismo fenómeno es
perceptible en México. El poder de Televisa sigue siendo incontrastable. Las
decisiones que imponen en sus políticas editoriales e informativas han sido
cuestionadas debido a que otorgan mayor o menor visibilidad a determinadas
alianzas, partidos y candidatos. El juego democrático se pervierte. Los medios
eliminan o restringen sensiblemente las imágenes de las fuerzas políticas y
candidatos con las que no se sienten identificados. En muchas ocasiones imponen
purgas que a la postre resultan fácilmente discernibles.
El paso de la propiedad individual a la propiedad corporativa somete a los
medios muchas veces a servir primordialmente a los intereses de sus dueños en
detrimento de la ciudadanía. Un fenómeno un tanto parecido acontece con los
medios oficiales y oficiosos. No hay acogida a la crítica ni a los
cuestionamientos. La naturaleza de sus narrativas son laudatorias hacia los
poderes establecidos. Esta circunstancia vuelve apremiante analizar la adquisición
de El Nuevo Diario, por parte del
Banco de la Producción (Banpro). Los cambios introducidos en sus políticas
informativas y editoriales han sido en menoscabo de la sociedad nicaragüense.
Los intereses que giran alrededor de una corporación bancaria limitan la autonomía
e independencia de cualquier medio de comunicación. Las concesiones que otorgan
a la clase gobernante son infinitas. Vuelve abrir a debate la propiedad de los
medios. Un tema que en Nicaragua no acaba de comprenderse ni dilucidarse.
En nuestro país prevalece una confusión ¿deliberada? al
equiparar la compra-venta de un periódico, una estación televisiva o una
radioemisora con una simple transacción mercantil. Existen sectores interesados
que se niegan aceptar que no es lo mismo vender una empresa televisiva, una
radio o un periódico que vender una fábrica de caramelos o de zapatos. Confunden
su lógica de funcionamiento, extrapolándola al campo mercantil. El hecho que
los medios funcionen como empresas comerciales no debe hacernos olvidar que
también cumplen funciones de interés público de primerísima importancia:
vierten visiones de la realidad, informan sobre lo que acontece en el mundo y
el entorno cotidiano, construyen el imaginario, refuerzan o debilitan
identidades, la fiscalización que efectúan está dirigida a controlar los abusos
cometidos por los distintos poderes.
Las limitaciones impuestas a sus periodistas y colaboradores han
repercutido sensiblemente en su calidad informativa. La lista de desaguisados
es impresionante. Resulta sumamente perceptible. Eliminaron el suplemento
humorístico El Alacrán, las primeras
censuras fueron determinantes para que el caricaturista Pedro Xavier Molina
pusiese su renuncia y se incorporase al cuerpo de periodistas de Confidencial; suprimieron Don Procopio y
Doña Procopia, luego vetaron la columna semanal del periodista Onofre Guevara, encargado
también de redactar Don Procopio y Doña Procopia, una columna humorística que
hacía sorna fundamentalmente de la clase gobernante, prohibieron la publicación
de los artículos de Fernando Bárcenas, periodismo investigativo cero, críticas
al gobierno cero. Estos sismos están ocasionando migraciones hacia otros medios.
Ni siquiera han reparado en los efectos perniciosos de estas medidas. Están más
atentos en quedar bien con el estamento gubernamental que en la calidad de las
informaciones que brindan a sus lectores.
III. Sustituir modelo existente
Algunos gobiernos han decidido restar eficacia y se han empeñado en sustituir
el modelo de comunicación existente por otro que responda plenamente a sus
expectativas. Estamos en presencia de una disputa por conquistar, cooptar, comprar,
silenciar, acaparar medios y silenciar voces discordantes. Parte sustantiva de
la lucha política se libra en los medios y a través de los medios. Una de estas
manifestaciones son los cambios introducidos en las legislaciones de algunos
países de la región. Un intento por revertir el modelo imperante. En Nicaragua sigue
vigente inexplicablemente una ley (Ley 200) del siglo pasado, al margen del
desarrollo que ha experimentado el país en el campo de las telecomunicaciones. Las
concesiones de Telcor han resultado onerosas para el país y los usuarios.
En algunos casos los cambios legislativos ocurren para redefinir las reglas
del juego como ocurre en México actualmente. En otros para apuntalar otro
modelo de medios. Se trata de evitar concentraciones lesivas para la ciudadanía
y de manera especial para la clase política. ¿Se estarán propiciando medidas
que conduzcan a la creación de un modelo compartido, pluralista y democrático? ¿Será
posible que las transformaciones legislativas conduzcan a redefiniciones en su
funcionamiento? El poder mediático es
contrario a todo tipo de control y un poder sin control se convierte en un
poder descontrolado. La salud democrática lo exige. Ante la imposibilidad de
lidiar con algunos medios, los gobernantes actúan para mediatizar su
comportamiento. Las sanciones contempladas en sus diferentes cuerpos normativos
indican claramente un posicionamiento remiso frente a las críticas y
cuestionamientos.
Con su actuación buscan el debilitamiento, censura o autocensura de medios
y periodistas. Las condiciones en que operan son inmejorables. Se parcializa la
entrega de la publicidad estatal, cierran el acceso a información pública en
oficinas y ministerios, emiten leyes y decretos para complicar la renovación de
las licencias de radio y televisión, recurren a las autoridades para ejercer intimidación,
propician cierres indirectos y se amenaza con iniciar juicios a medios y
periodistas, se abusa de las cadenas presidenciales, se hostiga a los
periodistas, tratan de amedrentarles o callarles. Presenciamos la creación de
un poder mediático sin precedentes en la región. Los medios ocupan un lugar central
en sus decisiones políticas. Las inversiones económicas son millonarias. Sin
ningún tipo de competencia.
Los cambios provocados por el despliegue prodigioso de las nuevas
tecnologías explosionan, especialmente la expansión de internet y el atractivo
que ofrecen las redes sociales, la apertura de blogs, el uso sistemático de Twitter,
la fascinación que provoca You Tube, la plataforma que ofrece Facebook con la
apertura de fans page, son
indicadores insoslayables de cambios en las formas de circulación del discurso
político. Modalidades que permiten formas de comunicación directa. Estamos
frente a un punto de inflexión, sin que este se traduzca en eclipsar el antiguo
modelo sustentado en la radio y la televisión. Ambos medios siguen siendo las
principales agencias informativas y de entretenimiento. La televisión prolongará
por algún tiempo su atractivo indiscutible y continuará siendo el sector más
sujeto a control y acechanzas. Contrario a lo que piensan algunos "la televisión está viva y coleando y sigue
siendo el principal medio de comunicación de masas del siglo XXI",
como advierte Manuel Castells. (2012, 94). Estamos frente a otras formas de
comunicación política en pleno despliegue.
Las nuevas tecnologías con las formas de comunicación política directa Se
han convertido en otro sector en disputa por parte de la clase política. La seducción
que producen ayuda a su desarrollo y crecimiento. Su utilización sistemática ha
sido incrementada con el ánimo de evitar los filtros que imponen medios y
periodistas. Esta situación está siendo objeto de análisis. Las comprobaciones
indican que gobiernos de diferente signo político-ideológico las usan de forma
sistemática. No todos guiados por el mismo ánimo. Las posibilidades que abren las nuevas
tecnologías son múltiples. El uso de Twitter de parte del presidente Barack
Obama tiene la intención de evitar filtros y buscar como circular su discurso
sin mediación alguna. Por ahora "Internet
sigue siendo el lugar elegido para los mensajes no supervisados que amplían el
alcance de las fuentes de información y desinformación, cambiando menor
credibilidad por mayor diversidad". (Castells 2012, 312).
Las redes sociales al facilitar el encuentro con diferentes estamentos
sociales, políticos, económicos y culturales, sin pasar por la criba que
ejercen los medios, cumplen con el sueño dorado de los políticos de no tener
que transar sus agendas. Aunque en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua este
objetivo ha sido conseguido por los gobernantes mediante una política de
comunicación renuente a la interpelación mediática. Las ventajas que ofrece
este modelo son múltiples: evitan preguntas incómodas, canalizan la información
oficial en su propio beneficio, obligan a los demás medios a estar atentos a
las informaciones emanadas a través de sus canales informativos. Desatienden
las disposiciones legales contenidas en distintos cuerpos jurídicos, obvian la
obligación gubernamental de informar sobre la conducción de la cosa pública. Un
poder paralelo que debilita, deslegitima, desacredita y pretende restar
eficacia al sistema de medios existentes.
La diferencia sustancial entre los gobernantes que tratan de establecer
comunicación directa con la ciudadanía viene a ser la forma que se comportan
ante el sistema de medios de sus respectivos países. Este indicador permite realizar una lectura acerca de su poca
disposición de someterse al escrutinio, sobre todo de aquellos medios que no
responden a sus intereses políticos inmediatos. En América Latina, en pleno
auge de las comunicaciones audiovisuales, resulta evidente la alergia que
sienten muchos gobernantes por someterse al ejercicio de contraloría social,
política y cultural que ejercen los medios. Se han vuelto totalmente impermeables
a todo tipo de interpelación mediática. El caso nicaragüense resulta
paradigmático, aunque resulta idéntico en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sus
gobernantes prefieren el monólogo al diálogo. Son refractarios a las
entrevistas de prensa. Dividen el campo mediático entre amigos y enemigos. Son
abanderados de la polarización. Los medios son un campo no negociable en sus
respectivas agendas. Un coto cerrado.
IV. Con dispositivo
mediático propio
Los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, están convencidos
que entre mayor sea el número de medios disponibles con que cuenten más alta
será la prima política disponible. Las sociedades actuales son sociedades
altamente mass-mediatizadas. El entrelazamiento de las telecomunicaciones, la
electrónica y los medios tradicionales torna imperiosa su presencia. Un
fenómeno de alcance mundial. Nadie escapa al influjo de los medios. Su
despliegue planetario los convierte en omnipresentes y omniabarcantes. Los
políticos saben que a través de la comunicación tienden un lazo afectivo
permanente con la ciudadanía, especialmente con sus bases políticas. La
atracción que ejercen los medios en muchos gobiernos es más intensa que una
aguja imantada. Son una prodigiosa máquina para la conducción política de la
sociedad.
Los gobernantes de Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador han terminado
por jinetear dos caballos. El ejercicio del poder político ha sido utilizado
principalmente a su favor. La distribución de frecuencias radiales y
televisivas continúan realizándolas en su propio beneficio. Siguen favoreciendo
a sus aliados incondicionales. En algunos momentos se han decidido por la
intervención de los medios, su cooptación e incluso compra. En Nicaragua
asistimos a un proceso galopante de concentración. Un espacio celosamente custodiado.
La entrega de frecuencias se ha convertido en una determinación estratégica. El
poder gubernamental no tiene contrapesos en el campo mediático. Con el añadido
que el disentimiento resulta inaceptable. En los medios bajo su influencia solo
brindan espacio a las fuerzas gremiales y políticas afines. El ejercicio del pluralismo
es impensable.
Durante los últimos siete años el creciente proceso de concentración
mediática en Nicaragua ha sido en una sola dirección. Ningún empresario ni
miembro de la cúpula empresarial dispone de la cantidad de medios con que
cuenta el gobierno a su favor. El control sobre la parrilla de la televisión en
VHF y la posposición indefinida de la promulgación de una nueva Ley de
Telecomunicaciones forman parte de un mismo fenómeno. Las prerrogativas
concedidas a Ángel González en el campo radial y televisivo hasta el momento
han resultado beneficiosas para los intereses del partido gobernante. ¿Ocurrirá
mañana un fenómeno parecido al que ocurre actualmente en Guatemala? En este
país González navega ahora con bandera propia. La inexistencia de programas de
opinión en las estaciones televisivas de González en Nicaragua (Canales 7, 9, 10 y 11) forma parte de un
acuerdo tácito o explícito de no criticar la gestión gubernamental del
presidente Daniel Ortega. Acción 10
el noticiero de mayor audiencia nacional mantiene impertérrita la nota roja.
La compra progresiva de radioemisoras se mantiene como parte de una
estrategia encaminada a obtener mayor presencia en el dial. En las redes
sociales nadie disputa terreno al sector gubernamental. Desde su regreso al
gobierno dejó claro -a través de la definición de su política de comunicación-
que pretendía eludir las críticas y cuestionamientos provenientes de medios y
periodistas. En 2007 el primer sector en disputa fue el sector mediático. Esta
circunstancia le permite operar con ventaja frente a los demás medios
existentes. Sin dilaciones entró a copar este espacio. Las contradicciones
surgidas durante los años 2007 y 2008 las resolvió a su favor. Optó por cooptar
a las organizaciones gremiales. Desnaturalizó su perfil encuadrándolas bajo su
hegemonía. El Colegio de Periodistas de
Nicaragua (CPN) y la Unión de
Periodistas de Nicaragua (UPN), quedaron sujetas a sus directrices.
No contentos con alinear a su favor al ente regulador, ante las
limitaciones que impone la Ley de
Telecomunicaciones han decidido recurrir a las vías de hecho. La
disponibilidad de su propio dispositivo ha resultado efectivo para
contrarrestar el discurso emanado desde otros medios. La mayoría de las veces tratan
de fijar su propia agenda y eludir cualquier mención a las afirmaciones y
planteamientos realizados desde la otra orilla, creando una situación peculiar.
Ante las diferentes crisis que ha vivido el gobierno, especialmente los reclamos de pensión reducida por parte de
los adultos mayores (Junio-2013), lo más visible fueron las omisiones informativas
de los medios oficiales y oficiosos ante a lo que estaba ocurriendo frente a
las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Daba
la sensación de que vivíamos en un país distinto o que estábamos ante
realidades diferentes. Nunca se han referido a la golpiza propinada a los
jóvenes la madrugada del 22 de junio, ni al despojo de vehículos, computadoras
y celulares que fueron víctimas.
La disposición de
un aparato mediático propio nada tendría de excepcional si no fuese porque fue
construido con la intención de anular, desconocer, descalificar y escapar a las
interpelaciones y a la función fiscalizadora que ejercen los medios. Un sistema
paralelo de medios con mayores disponibilidades de recursos financieros y
políticos. Con el añadido, como apunta Rubén Aguilar Valenzuela, refiriéndose a
este fenómeno, por la manera en que operan: "En esta acción sistemática de
descalificación, que pretende minar la confianza y credibilidad de los medios y
periodistas críticos e independientes, se utilizan acusaciones y un lenguaje
propio de sectores de la izquierda de los 60 que ya había desaparecido, pero con
cierto nivel de eficacia para comunicarse y ganar a los simpatizantes. No
resulta para convencer a otros sectores, pero no es eso lo que se busca". El objetivo fundamental ha estado encaminado a fortalecer sus
bases. Aunque están intentando superar esta limitación al final el discurso
sigue siendo el mismo. No pueden desprenderse del sesgo elogioso. Tampoco pueden
criticar la gestión de gobierno.
V. Control versus libertad de expresión.
En América Latina nadie discute la prevalencia de dos modelos de comunicación.
La diferencia en el caso mexicano, salvadoreño, chileno y costarricense, para
ejemplificar, consiste en que no hay amagos por frenar la crítica ni torpedear
la libertad de expresión. Mal que bien el sistema de medios en esos países tiene
la posibilidad de una apertura pluralista. La alianza que mantenía el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), con Televisa parece que está llegando a su
final. La clase política mexicana tomó conciencia que parte de su debilidad
radicaba en los poderes concedidos a Televisa y TV Azteca. Su tardanza en
mediar en un campo sensible se había revertido en su contra. Las visiones y
versiones a través de las que los pueblos construyen su imaginario, su
conocimiento de la realidad, la manera que moldean sus afectos y desafectos,
sus predilecciones políticas, educativas, económicas y culturales, no pueden
ser acaparadas por empresas comerciales guiadas únicamente por el afán de lucro,
ni quedar en manos de partidos políticos de naturaleza autoritaria.
En países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador, cierta izquierda
todavía no se libra de su lastre autoritario. La disensión es percibida como un
desafío inamistoso con sus gobiernos. No hay manera de que entiendan que medios
y periodistas, ejercen una función que hasta ellos mismos resulta beneficiosa.
La diseminación de información contribuye a la bienandanza del país. Se
necesita para tomar decisiones y emprender proyectos. La crítica sigue siendo
mal vista y peor evaluada. Cargan con la rémora de ciertos partidos políticos
de antaño. No pueden superar el síndrome de la conspiración. (Enzensberger,
1972). Los cuestionamientos se entienden como campañas enfiladas a desalojarlos
del poder. El disentimiento no forma parte de su cuerpo doctrinario. En los
medios bajo su mando no se admiten voces críticas, mucho menos que abran
espacio, micrófonos y pantallas, para que se expresen los sectores opositores,
ni las organizaciones de la sociedad civil. Persisten en actuar con afán
proselitista. Están teñidos de propaganda. Resulta fácilmente detectable que
sus discursos y narrativas son absolutamente elogiosas del poder gubernamental.
Mientras en la mayoría de países centroamericanos, para no ir más lejos,
están permitidas las ruedas de prensa, las entrevistas, el diálogo y la crítica
a los gobernantes, en el caso de los países que conforman el Alba se ha
instalado el monólogo, la centralización de la información, la desconfianza, la
imposibilidad de la rendición de cuentas y la función contralora que ejercen
los medios para atemperar los abusos de poder es pasada por alto. No existe
manera de aceptar la disidencia como forma genuina del juego democrático. Su
relación con los medios resulta radicalmente diferente. Meramente instrumental.
No son percibidos como dispositivos para el desarrollo del país. Si así fuese se hubieran interesado en promulgar la ley que manda el
constituyente en relación al artículo 68 constitucional. En América Latina los políticos, cualquiera sea su signo ideológico, casi
siempre se acercan a los medios con la intención de alinearlos a su favor. No
perciben que el periodismo por su propia naturaleza siempre les resultará
incómodo y no cejará en su empeño por cuestionar sus desafueros y abusos.
En esta encrucijada no se trata de escoger el mal menor. Sería dimitir y
olvidar que las trabas para el ejercicio de la libertad de expresión forman
parte sustantiva de las luchas emprendidas por quienes comulgan con el credo
democrático. Lástima que en Nicaragua los empresarios no hayan comprendido esta
verdad. Las batallas teóricas y prácticas para obtener y garantizar la
democratización de la comunicación, deberían formar parte de estrategias
encaminadas a revertir toda situación de inequidad e injusticia en el campo
mediático. Los medios, en sus diferentes variantes, se han convertido en el
escenario fundamental, en la prueba de las pruebas, para medir los niveles de
tolerancia y pluralismo existentes en la sociedad contemporánea. Transigir
equivaldría aceptar que ya nada puede hacerse por reconquistar una libertad
cada vez más acotada, sujeta a caprichos políticos, a las veleidades de los
anunciantes y a la maledicencia de los gobernantes. Al acecho y control de los
empresarios.
Se vuelve imperiosa la formulación de nuevas propuestas que restituyan su
carácter cívico y político a la de libertad de expresión. La mejor manera de
ventilar las diferencias políticas, económicas y religiosas, sigue siendo a
través de la discusión abierta. El debate y la controversia son las mejores
armas para dirimir las diferencias. Los medios para ganar autoridad son los
primeros llamados a crear espacios que permitan a la ciudadanía presentar sus
demandas, cuestionar los distintos poderes, elevar sus peticiones ante
diferentes instancias públicas y privadas, mostrar su desacuerdo acerca de la
manera como se conduce la gestión pública, rechazar los abusos cometidos por
empresarios y gobernantes, solicitar el relevo de sus autoridades, pedir
cuentas a las autoridades estatales, exigir transparencia en el manejo de las
finanzas públicas, disentir de las políticas económicas en marcha, reclamar
mayor participación en temas de interés económico, político y social, admitir
los cuestionamientos que les formula la ciudadanía, mostrarse contrarios a
hipotecas onerosas de la soberanía nacional.
Discutir el tema de la libertad de expresión a la luz del presente siglo
significa liberar este concepto de trabas políticas y comerciales. Los debates
surgidos en los setenta y noventa del siglo pasado no han hecho más que poner
en evidencia la urgencia de restituir la dimensión política a la libertad de
expresión. Las grandes promesas que encierran las nuevas tecnologías en el
campo de las libertades ciudadanas ya están siendo sometidas al acecho y
control gubernamental y empresarial. En el siglo XXI la conquista de una auténtica libertad de expresión continúa siendo una de
las exigencias más apremiantes. La desaparición de la privacidad, la
intervención de nuestras comunicaciones a través de sistemas de espionaje cada
día más sofisticados, las nuevas formas de censura, los linchamientos
auspiciados por los medios, su acaparamiento, el acoso y asesinato de
periodistas (Reporteros sin Fronteras, apuntó 15 periodistas muertos en América
Latina), tornan imperiosa la lucha por conseguir que el ser humano pueda
expresarse sin temor al silenciamiento y al golpe del hacha que amenaza
cortarle la cabeza.
** Trabajo presentado en VII Congreso Centroamericano de Ciencia Política en Agosto 2013.
Referencias Bibliográficas
Aguilar Valenzuela, Rubén. Autoritarismo y
comunicación. Revista Etcétera, México. 23 de julio 2009.
Castells, Manuel. Comunicación y Poder. Siglo XXI
Editores. México, 2012.
Debray, Regis. Vida y muerte de la imagen. Historia de la
mirada en occidente. Paidós Comunicación. Barcelona, 1994.
Enzensberger, Hans Magnus. Para una teoría de los medios
de comunicación. Anagrama. Barcelona, 1972.
Fernández, Eduardo. Medios de comunicación: ¿Sustitutos
de la actividad política?. Revista Contribuciones 2/1996, CEIDLA Konrad
Adenauer Stiftung. Buenos Aires, 1996
Trejo Delarbre Raúl. Poderes salvajes, mediocracia sin
contrapesos. Ediciones Cal y Arena. México, 2004.
UNESCO. Voces Múltiples, Un solo mundo. Fondo de Cultura
Económica. México, 1980
UNESCO. Informe sobre la comunicación en el mundo.
Francia, 1990.
Se reforzó el duopolio. La primera década del presente siglo solo
ha venido a reforzar el esquema duopólico y comercial. En una puja que pareciera
no tener fin, familiares del presidente Ortega y Ángel González han logrado
controlar el dial televisivo. La familia presidencial es dueña de los canales
4, 8 (en sociedad con Albanisa, empresa mixta venezolana-nicaragüense) y 13,
mientras que González es dueño de los canales 2, 7, 9, 10 y 11, en VHF. El
único canal que no está sujeto a sus directrices es Canal 12 propiedad de la
familia Valle-Flores. Canal 6, después de más de un quinquenio de estar fuera
del aire, propiedad del gobierno, reapareció un poco antes de la reelección del
actual mandatario, como un eco de Canal 4, su cara oficial, gesto que tornaría
evidente cómo ejercería el poder el presidente Ortega durante el quinquenio
siguiente (2007-2012). Programación, personal y política informativa son
dictadas desde casa presidencial. Una forma de control férrea.