Medios y libertades en disputa

I. Se redefinen formas de hacer política.

La década de los setenta del siglo pasado sirvió como parte aguas para la discusión de un nuevo orden informativo internacional. El despegue y desenlace de esta controversia condujo al debate sobre la pertinencia del esquema mundial prevaleciente en el campo mediático. La UNESCO sirvió de plataforma para impulsar distintos estudios que precipitaron crisis en su seno y sirvió como detonante sobre los cambios que sobrevendrían en el campo de la comunicación. Se avizoraban mutaciones no solo en el orden tecnológico también muchas serían de carácter conceptual. Como corolario apareció Voces Múltiples, Un Solo Mundo (Unesco 1980) un informe de compromiso ante los intereses en pugna. Ninguna de los dos sectores fundamentales cedió posiciones. La comunicación se convirtió en un campo no negociable de la política exterior de Estados Unidos. Los países del tercer mundo adquirían plena conciencia de las grandes brechas informativas existentes y del carácter unidireccional de la comunicación a la vez que pedían su reversión.

                                                                                                                    

La trascendencia de esas refriegas alcanza el presente. La ligera inclinación de la balanza a favor de las tesis estadounidenses, específicamente su defensa del libre flujo informativo - parte medular de su doctrina - precipitaría la ampliación del concepto de libertad de expresión ciudadana, volviéndole extensivo a la publicidad comercial (Libertad de expresión comercial. Informe sobre la comunicación en el mundo. Unesco 1990). Una especie de castración conceptual. Unos años antes que la UNESCO restara eficacia y redefiniera la libertad de expresión ciudadana, el gobierno del presidente Ronald Reagan empezaba en Estados Unidos el desmantelamiento de la prohibición de la propiedad cruzada. Los estrategas de ese país tenían en miras fortificar y apuntalar un nuevo orden informativo comandado bajo su égida. En 1990 la Unesco daba un giro, coincidiendo con los esfuerzos que hacía Estados Unidos por afianzar su hegemonía mundial. Hoy su predominio resulta indisputable.

Los paradigmas sustentados en el mercado y la comunicación metieron la política por nuevos rumbos, creando otros espacios y formas para su realización. El acrecentamiento del poderío mediático y su concentración en pocas manos marcan la pauta y forman parte inexorable del entramado mundial, regional y nacional. Los medios audiovisuales redefinen las maneras de hacer política. El sistema de representación prevaleciente muda de sitio. Surgen los líderes electrónicos -una metáfora de Furio Colombo- cuyo prestigio muchas veces se orienta a disputar la supremacía a los liderazgos políticos tradicionales o bien tienden a sustituirlos. En ese mismo instante irrumpe pletórica la centralidad comunicacional de la política. Las agendas políticas deben ser negociadas con quienes detentan la propiedad y dirección de los medios. La intermediación ejercida por los políticos ante el Estado viene a ser contrarrestada o arrebatada por los medios.

Sin la comprensión del contexto que marca transformaciones irreversibles sería imposible entender la preeminencia que adquiere la comunicación. En esta metamorfosis políticos y académicos están conscientes que "en todo el mundo, los medios de comunicación son la forma de comunicación decisiva", lo que implica que "la política es fundamentalmente una política mediática". (Castells, 2012, 261). La función y alcance de los medios es revalorizada. Para Guillermo Orozco los medios son lenguajes, metáforas, lógicas, empresas, escenarios donde se disputa el poder. Desde esa misma perspectiva, Raúl Trejo Delarbre expone "que los medios de masas no sólo contribuyen a la conformación de gustos y estilos culturales sino que, a la vez, tienen un papel indispensable en la definición de consensos en las sociedades contemporáneas" (Trejo 2005, 171). El uso instrumental de los medios y su definición funcionalista resultan demasiada estrechas.

Al convertirse en las nuevas plazas públicas, la clase política se ve obligada a dominar sus lenguajes, atender sus lógicas y formatos. Los medios rehacen todo el cuadro actoral. La clase política sale a su encuentro con la misma fruición con que busca la adhesión de los votantes y el beneplácito ciudadano. Es la primera vez en la historia que los medios imponen las reglas del juego político. Una dictadura que están aprendiendo enfrentar. Primero a través de un aparato mediático propio y otra mediante las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicación. El especialista en imagen ocupa un lugar privilegiado. Las frases cortas y brillantes son compensadas. El lenguaje elíptico sufre un duro revés. Premia el azul telegénico. Los políticos se salen del parlamento para instalarse preferentemente ante el set y cámaras televisivas. Nada atrae tanto a los políticos como las cámaras televisivas.  

        

El ascenso de la televisión ocurre de forma meteórica, nada queda fuera de sus reflectores. La religión, la guerra, los deportes, la política, la cultura, la educación, son acotados gracias a su creciente influjo. Su poder quedó definido con la cobertura que hicieron las cadenas televisivas estadounidense de la guerra en Vietnam (1973-1975). En la medida que ocurría el proceso de integración y convergencia de los satélites, la electrónica y la comunicación social, su influencia determinante se expandía. El nuevo sistema de propiedad acrecentaba el poder de sus dueños, originando conflictos de interés que no cesan todavía. El poder de los medios cada día que pasa se reafirma y acrecienta. Son los encargados de moldear nuestras mentes y surtir nuestro imaginario. Como reconoce Castells "las relaciones de poder se basan en gran medida en la capacidad para moldear las mentes construyendo significados a través de la creación de imágenes". Los políticos saben que comunicar es gobernar y especialmente frente a las cámaras.

            II. Medios a debate.

El debilitamiento de la clase política resulta directamente proporcional con el fortalecimiento de las posiciones adquiridas por dueños de medios y anunciantes. El modelo empresarial sobre el que se asienta su existencia abre el apetito de los anunciantes. Se ven tentados por incidir en sus políticas informativas y editoriales. La mercantilización de la información resulta evidente. Se habla de consumidores no de ciudadanía, el rating se convierte en alfa y omega, determina los porcentajes publicitarios, su vida misma. El mayor o menor flujo de anuncios depende del número de televidentes, radioescuchas o lectores que capten sus emisiones y favorecen su circulación. El pluralismo informativo se debilita, empresarios y gobiernos se atienen únicamente al santo y seña de los índices de audiencias y lectores. No atienden otros parámetros igualmente importantes.

Se olvida deliberadamente que el pluralismo mediático constituye una condición necesaria  para el pluralismo político. El tema de las minorías políticas, sociales, étnicas y culturales en procesos galopantes de concentración mediática debería interesar de sobremanera. Sin mayores preámbulos son invisibilizadas. Amplios sectores quedan fuera del radar por no disponer de recursos económicos suficientes. El fenómeno resulta fácilmente determinable durante los procesos electorales. El costo de las campañas se ha disparado. La falta de dinero impide recurrir a los medios, sobre todo de la televisión cuyas tarifas resultan inalcanzables para quienes carecen de plata. El análisis debe efectuarse en términos de equidad y no simplemente desde  la perspectiva económica. El despegue de los medios de comunicación en Nicaragua siguió el esquema de desarrollo socioeconómico del país. Garantizar acceso a los medios significa garantizar canales de expresión a sectores  tradicionalmente excluidos, sin necesidad de mediaciones espurias.

La centralidad comunicacional de la política desplaza el eje de gravitación a favor de medios y periodistas. El liderazgo ejercido antaño por los políticos pasa a un segundo plano. Como expone el venezolano Eduardo Fernández, no hay duda "los medios están cumpliendo una labor de intermediación e interpretación entre las instituciones y el pueblo, labor que antes, cuando los medios no estaban tan desarrollados, cumplían los partidos políticos". (Revista Contribuciones, 1996) El ascendiente adquirido ante la sociedad les convierte en interlocutores ineludibles y privilegiados. Su funcionamiento incesante y la ductilidad con que operan, su actividad en tiempo real las 24 horas del día durante los 365 días del año, les transforman en actores políticos de primer orden. El parlamento se debilita. Los procesos de discusión legislativa adquieren mayor o menor relevancia según los intereses en juego y la resonancia que adquieren en los medios.

Uno de los aspectos más visibles viene a ser la manera que se ha revertido contra la clase política la entrega de las frecuencias radioeléctricas. En la práctica las dimisiones realizadas en la esfera mediática se han traducido en tener que regatear espacios ante quienes resultaron favorecidos con el otorgamiento de las frecuencias radiales y televisivas. Pocas veces invierten en los medios del Estado. La utilización que realizan de estos canales es meramente instrumental y están bajo el mando de la cabeza de gobierno, ni siquiera funcionan como medios estatales. El crecimiento exponencial de los medios, sobre todo en el campo de las telecomunicaciones y las transmisiones satelitales consolida y expande el poder mediático.

La televisión refuerza su condición hegemónica. Se ubica en la cúspide de la pirámide mediática, capitaliza a su favor la mayor cuantía de las inversiones que hacen los políticos por situar su imagen entre la ciudadanía y el electorado. Especialmente los gobernantes que han caído seducidos a sus pies. Ante la máxima invariante "gobernar es hacer creer", la imagen se convierte en ley. "Determina los índices de popularidad, la composición de los gobiernos, las jerarquías en el Estado, el calendario y los contenidos del discurso público". (Debray Régis, 1994, 280). Resulta un total contrasentido y un boomerang que los beneficiarios de las frecuencias hayan adquirido mayor poder incluso que los gobernantes que se las otorgaron. La clase política resulta víctima de su propio desposeimiento. Un tema que debería concitar el interés de sociólogos y politólogos.

Ejemplo elocuente por su cercanía geográfica y el creciente ascendiente que tiene en la parrilla televisiva nicaragüense resulta ser Guatemala. El control que ejerce Ángel González en la televisión de ese país ha debilitado a la clase política guatemalteca. No existe candidato a la presidencia de la república que no haga romería hasta Miami para pedir su indulgencia. Este mismo fenómeno es perceptible en México. El poder de Televisa sigue siendo incontrastable. Las decisiones que imponen en sus políticas editoriales e informativas han sido cuestionadas debido a que otorgan mayor o menor visibilidad a determinadas alianzas, partidos y candidatos. El juego democrático se pervierte. Los medios eliminan o restringen sensiblemente las imágenes de las fuerzas políticas y candidatos con las que no se sienten identificados. En muchas ocasiones imponen purgas que a la postre resultan fácilmente discernibles.

El paso de la propiedad individual a la propiedad corporativa somete a los medios muchas veces a servir primordialmente a los intereses de sus dueños en detrimento de la ciudadanía. Un fenómeno un tanto parecido acontece con los medios oficiales y oficiosos. No hay acogida a la crítica ni a los cuestionamientos. La naturaleza de sus narrativas son laudatorias hacia los poderes establecidos. Esta circunstancia vuelve apremiante analizar la adquisición de El Nuevo Diario, por parte del Banco de la Producción (Banpro). Los cambios introducidos en sus políticas informativas y editoriales han sido en menoscabo de la sociedad nicaragüense. Los intereses que giran alrededor de una corporación bancaria limitan la autonomía e independencia de cualquier medio de comunicación. Las concesiones que otorgan a la clase gobernante son infinitas. Vuelve abrir a debate la propiedad de los medios. Un tema que en Nicaragua no acaba de comprenderse ni dilucidarse.

En nuestro país prevalece una confusión ¿deliberada? al equiparar la compra-venta de un periódico, una estación televisiva o una radioemisora con una simple transacción mercantil. Existen sectores interesados que se niegan aceptar que no es lo mismo vender una empresa televisiva, una radio o un periódico que vender una fábrica de caramelos o de zapatos. Confunden su lógica de funcionamiento, extrapolándola al campo mercantil. El hecho que los medios funcionen como empresas comerciales no debe hacernos olvidar que también cumplen funciones de interés público de primerísima importancia: vierten visiones de la realidad, informan sobre lo que acontece en el mundo y el entorno cotidiano, construyen el imaginario, refuerzan o debilitan identidades, la fiscalización que efectúan está dirigida a controlar los abusos cometidos por los distintos poderes.

Las limitaciones impuestas a sus periodistas y colaboradores han repercutido sensiblemente en su calidad informativa. La lista de desaguisados es impresionante. Resulta sumamente perceptible. Eliminaron el suplemento humorístico El Alacrán, las primeras censuras fueron determinantes para que el caricaturista Pedro Xavier Molina pusiese su renuncia y se incorporase al cuerpo de periodistas de Confidencial; suprimieron Don Procopio y Doña Procopia, luego vetaron la columna semanal del periodista Onofre Guevara, encargado también de redactar Don Procopio y Doña Procopia, una columna humorística que hacía sorna fundamentalmente de la clase gobernante, prohibieron la publicación de los artículos de Fernando Bárcenas, periodismo investigativo cero, críticas al gobierno cero. Estos sismos están ocasionando migraciones hacia otros medios. Ni siquiera han reparado en los efectos perniciosos de estas medidas. Están más atentos en quedar bien con el estamento gubernamental que en la calidad de las informaciones que brindan a sus lectores.

III. Sustituir modelo existente

Algunos gobiernos han decidido restar eficacia y se han empeñado en sustituir el modelo de comunicación existente por otro que responda plenamente a sus expectativas. Estamos en presencia de una disputa por conquistar, cooptar, comprar, silenciar, acaparar medios y silenciar voces discordantes. Parte sustantiva de la lucha política se libra en los medios y a través de los medios. Una de estas manifestaciones son los cambios introducidos en las legislaciones de algunos países de la región. Un intento por revertir el modelo imperante. En Nicaragua sigue vigente inexplicablemente una ley (Ley 200) del siglo pasado, al margen del desarrollo que ha experimentado el país en el campo de las telecomunicaciones. Las concesiones de Telcor han resultado onerosas para el país y los usuarios.

En algunos casos los cambios legislativos ocurren para redefinir las reglas del juego como ocurre en México actualmente. En otros para apuntalar otro modelo de medios. Se trata de evitar concentraciones lesivas para la ciudadanía y de manera especial para la clase política. ¿Se estarán propiciando medidas que conduzcan a la creación de un modelo compartido, pluralista y democrático? ¿Será posible que las transformaciones legislativas conduzcan a redefiniciones en su funcionamiento?  El poder mediático es contrario a todo tipo de control y un poder sin control se convierte en un poder descontrolado. La salud democrática lo exige. Ante la imposibilidad de lidiar con algunos medios, los gobernantes actúan para mediatizar su comportamiento. Las sanciones contempladas en sus diferentes cuerpos normativos indican claramente un posicionamiento remiso frente a las críticas y cuestionamientos.

Con su actuación buscan el debilitamiento, censura o autocensura de medios y periodistas. Las condiciones en que operan son inmejorables. Se parcializa la entrega de la publicidad estatal, cierran el acceso a información pública en oficinas y ministerios, emiten leyes y decretos para complicar la renovación de las licencias de radio y televisión, recurren a las autoridades para ejercer intimidación, propician cierres indirectos y se amenaza con iniciar juicios a medios y periodistas, se abusa de las cadenas presidenciales, se hostiga a los periodistas, tratan de amedrentarles o callarles. Presenciamos la creación de un poder mediático sin precedentes en la región. Los medios ocupan un lugar central en sus decisiones políticas. Las inversiones económicas son millonarias. Sin ningún tipo de competencia.

Los cambios provocados por el despliegue prodigioso de las nuevas tecnologías explosionan, especialmente la expansión de internet y el atractivo que ofrecen las redes sociales, la apertura de blogs, el uso sistemático de Twitter, la fascinación que provoca You Tube, la plataforma que ofrece Facebook con la apertura de fans page, son indicadores insoslayables de cambios en las formas de circulación del discurso político. Modalidades que permiten formas de comunicación directa. Estamos frente a un punto de inflexión, sin que este se traduzca en eclipsar el antiguo modelo sustentado en la radio y la televisión. Ambos medios siguen siendo las principales agencias informativas y de entretenimiento. La televisión prolongará por algún tiempo su atractivo indiscutible y continuará siendo el sector más sujeto a control y acechanzas. Contrario a lo que piensan algunos "la televisión está viva y coleando y sigue siendo el principal medio de comunicación de masas del siglo XXI", como advierte Manuel Castells. (2012, 94). Estamos frente a otras formas de comunicación política en pleno despliegue.

Las nuevas tecnologías con las formas de comunicación política directa Se han convertido en otro sector en disputa por parte de la clase política. La seducción que producen ayuda a su desarrollo y crecimiento. Su utilización sistemática ha sido incrementada con el ánimo de evitar los filtros que imponen medios y periodistas. Esta situación está siendo objeto de análisis. Las comprobaciones indican que gobiernos de diferente signo político-ideológico las usan de forma sistemática. No todos guiados por el mismo ánimo.  Las posibilidades que abren las nuevas tecnologías son múltiples. El uso de Twitter de parte del presidente Barack Obama tiene la intención de evitar filtros y buscar como circular su discurso sin mediación alguna. Por ahora "Internet sigue siendo el lugar elegido para los mensajes no supervisados que amplían el alcance de las fuentes de información y desinformación, cambiando menor credibilidad por mayor diversidad". (Castells 2012, 312).

Las redes sociales al facilitar el encuentro con diferentes estamentos sociales, políticos, económicos y culturales, sin pasar por la criba que ejercen los medios, cumplen con el sueño dorado de los políticos de no tener que transar sus agendas. Aunque en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua este objetivo ha sido conseguido por los gobernantes mediante una política de comunicación renuente a la interpelación mediática. Las ventajas que ofrece este modelo son múltiples: evitan preguntas incómodas, canalizan la información oficial en su propio beneficio, obligan a los demás medios a estar atentos a las informaciones emanadas a través de sus canales informativos. Desatienden las disposiciones legales contenidas en distintos cuerpos jurídicos, obvian la obligación gubernamental de informar sobre la conducción de la cosa pública. Un poder paralelo que debilita, deslegitima, desacredita y pretende restar eficacia al sistema de medios existentes.

La diferencia sustancial entre los gobernantes que tratan de establecer comunicación directa con la ciudadanía viene a ser la forma que se comportan ante el sistema de medios de sus respectivos países. Este indicador  permite realizar una lectura acerca de su poca disposición de someterse al escrutinio, sobre todo de aquellos medios que no responden a sus intereses políticos inmediatos. En América Latina, en pleno auge de las comunicaciones audiovisuales, resulta evidente la alergia que sienten muchos gobernantes por someterse al ejercicio de contraloría social, política y cultural que ejercen los medios. Se han vuelto totalmente impermeables a todo tipo de interpelación mediática. El caso nicaragüense resulta paradigmático, aunque resulta idéntico en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sus gobernantes prefieren el monólogo al diálogo. Son refractarios a las entrevistas de prensa. Dividen el campo mediático entre amigos y enemigos. Son abanderados de la polarización. Los medios son un campo no negociable en sus respectivas agendas. Un coto cerrado.

           

            IV. Con dispositivo mediático propio

Los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, están convencidos que entre mayor sea el número de medios disponibles con que cuenten más alta será la prima política disponible. Las sociedades actuales son sociedades altamente mass-mediatizadas. El entrelazamiento de las telecomunicaciones, la electrónica y los medios tradicionales torna imperiosa su presencia. Un fenómeno de alcance mundial. Nadie escapa al influjo de los medios. Su despliegue planetario los convierte en omnipresentes y omniabarcantes. Los políticos saben que a través de la comunicación tienden un lazo afectivo permanente con la ciudadanía, especialmente con sus bases políticas. La atracción que ejercen los medios en muchos gobiernos es más intensa que una aguja imantada. Son una prodigiosa máquina para la conducción política de la sociedad.

Los gobernantes de Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador han terminado por jinetear dos caballos. El ejercicio del poder político ha sido utilizado principalmente a su favor. La distribución de frecuencias radiales y televisivas continúan realizándolas en su propio beneficio. Siguen favoreciendo a sus aliados incondicionales. En algunos momentos se han decidido por la intervención de los medios, su cooptación e incluso compra. En Nicaragua asistimos a un proceso galopante de concentración. Un espacio celosamente custodiado. La entrega de frecuencias se ha convertido en una determinación estratégica. El poder gubernamental no tiene contrapesos en el campo mediático. Con el añadido que el disentimiento resulta inaceptable. En los medios bajo su influencia solo brindan espacio a las fuerzas gremiales y políticas afines. El ejercicio del pluralismo es impensable.  

Durante los últimos siete años el creciente proceso de concentración mediática en Nicaragua ha sido en una sola dirección. Ningún empresario ni miembro de la cúpula empresarial dispone de la cantidad de medios con que cuenta el gobierno a su favor. El control sobre la parrilla de la televisión en VHF y la posposición indefinida de la promulgación de una nueva Ley de Telecomunicaciones forman parte de un mismo fenómeno. Las prerrogativas concedidas a Ángel González en el campo radial y televisivo hasta el momento han resultado beneficiosas para los intereses del partido gobernante. ¿Ocurrirá mañana un fenómeno parecido al que ocurre actualmente en Guatemala? En este país González navega ahora con bandera propia. La inexistencia de programas de opinión en las estaciones televisivas de González en Nicaragua  (Canales 7, 9, 10 y 11) forma parte de un acuerdo tácito o explícito de no criticar la gestión gubernamental del presidente Daniel Ortega. Acción 10 el noticiero de mayor audiencia nacional mantiene impertérrita la nota roja.

La compra progresiva de radioemisoras se mantiene como parte de una estrategia encaminada a obtener mayor presencia en el dial. En las redes sociales nadie disputa terreno al sector gubernamental. Desde su regreso al gobierno dejó claro -a través de la definición de su política de comunicación- que pretendía eludir las críticas y cuestionamientos provenientes de medios y periodistas. En 2007 el primer sector en disputa fue el sector mediático. Esta circunstancia le permite operar con ventaja frente a los demás medios existentes. Sin dilaciones entró a copar este espacio. Las contradicciones surgidas durante los años 2007 y 2008 las resolvió a su favor. Optó por cooptar a las organizaciones gremiales. Desnaturalizó su perfil encuadrándolas bajo su hegemonía. El Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN) y la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), quedaron sujetas a sus directrices.

No contentos con alinear a su favor al ente regulador, ante las limitaciones que impone la Ley de Telecomunicaciones han decidido recurrir a las vías de hecho. La disponibilidad de su propio dispositivo ha resultado efectivo para contrarrestar el discurso emanado desde otros medios. La mayoría de las veces tratan de fijar su propia agenda y eludir cualquier mención a las afirmaciones y planteamientos realizados desde la otra orilla, creando una situación peculiar. Ante las diferentes crisis que ha vivido el gobierno, especialmente  los reclamos de pensión reducida por parte de los adultos mayores (Junio-2013), lo más visible fueron las omisiones informativas de los medios oficiales y oficiosos ante a lo que estaba ocurriendo frente a las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Daba la sensación de que vivíamos en un país distinto o que estábamos ante realidades diferentes. Nunca se han referido a la golpiza propinada a los jóvenes la madrugada del 22 de junio, ni al despojo de vehículos, computadoras y celulares que fueron víctimas.

La disposición de un aparato mediático propio nada tendría de excepcional si no fuese porque fue construido con la intención de anular, desconocer, descalificar y escapar a las interpelaciones y a la función fiscalizadora que ejercen los medios. Un sistema paralelo de medios con mayores disponibilidades de recursos financieros y políticos. Con el añadido, como apunta Rubén Aguilar Valenzuela, refiriéndose a este fenómeno, por la manera en que operan: "En esta acción sistemática de descalificación, que pretende minar la confianza y credibilidad de los medios y periodistas críticos e independientes, se utilizan acusaciones y un lenguaje propio de sectores de la izquierda de los 60 que ya había desaparecido, pero con cierto nivel de eficacia para comunicarse y ganar a los simpatizantes. No resulta para convencer a otros sectores, pero no es eso lo que se busca". El objetivo fundamental ha estado encaminado a fortalecer sus bases. Aunque están intentando superar esta limitación al final el discurso sigue siendo el mismo. No pueden desprenderse del sesgo elogioso. Tampoco pueden criticar la gestión de gobierno.

V. Control versus libertad de expresión.

En América Latina nadie discute la prevalencia de dos modelos de comunicación. La diferencia en el caso mexicano, salvadoreño, chileno y costarricense, para ejemplificar, consiste en que no hay amagos por frenar la crítica ni torpedear la libertad de expresión. Mal que bien el sistema de medios en esos países tiene la posibilidad de una apertura pluralista. La alianza que mantenía el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con Televisa parece que está llegando a su final. La clase política mexicana tomó conciencia que parte de su debilidad radicaba en los poderes concedidos a Televisa y TV Azteca. Su tardanza en mediar en un campo sensible se había revertido en su contra. Las visiones y versiones a través de las que los pueblos construyen su imaginario, su conocimiento de la realidad, la manera que moldean sus afectos y desafectos, sus predilecciones políticas, educativas, económicas y culturales, no pueden ser acaparadas por empresas comerciales guiadas únicamente por el afán de lucro, ni quedar en manos de partidos políticos de naturaleza autoritaria.  

En países como Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador, cierta izquierda todavía no se libra de su lastre autoritario. La disensión es percibida como un desafío inamistoso con sus gobiernos. No hay manera de que entiendan que medios y periodistas, ejercen una función que hasta ellos mismos resulta beneficiosa. La diseminación de información contribuye a la bienandanza del país. Se necesita para tomar decisiones y emprender proyectos. La crítica sigue siendo mal vista y peor evaluada. Cargan con la rémora de ciertos partidos políticos de antaño. No pueden superar el síndrome de la conspiración. (Enzensberger, 1972). Los cuestionamientos se entienden como campañas enfiladas a desalojarlos del poder. El disentimiento no forma parte de su cuerpo doctrinario. En los medios bajo su mando no se admiten voces críticas, mucho menos que abran espacio, micrófonos y pantallas, para que se expresen los sectores opositores, ni las organizaciones de la sociedad civil. Persisten en actuar con afán proselitista. Están teñidos de propaganda. Resulta fácilmente detectable que sus discursos y narrativas son absolutamente elogiosas del poder gubernamental.

Mientras en la mayoría de países centroamericanos, para no ir más lejos, están permitidas las ruedas de prensa, las entrevistas, el diálogo y la crítica a los gobernantes, en el caso de los países que conforman el Alba se ha instalado el monólogo, la centralización de la información, la desconfianza, la imposibilidad de la rendición de cuentas y la función contralora que ejercen los medios para atemperar los abusos de poder es pasada por alto. No existe manera de aceptar la disidencia como forma genuina del juego democrático. Su relación con los medios resulta radicalmente diferente. Meramente instrumental. No son percibidos como dispositivos para el desarrollo del país. Si así fuese se hubieran interesado en promulgar la ley que manda el constituyente en relación al artículo 68 constitucional. En América Latina los políticos, cualquiera sea su signo ideológico, casi siempre se acercan a los medios con la intención de alinearlos a su favor. No perciben que el periodismo por su propia naturaleza siempre les resultará incómodo y no cejará en su empeño por cuestionar sus desafueros y abusos.

En esta encrucijada no se trata de escoger el mal menor. Sería dimitir y olvidar que las trabas para el ejercicio de la libertad de expresión forman parte sustantiva de las luchas emprendidas por quienes comulgan con el credo democrático. Lástima que en Nicaragua los empresarios no hayan comprendido esta verdad. Las batallas teóricas y prácticas para obtener y garantizar la democratización de la comunicación, deberían formar parte de estrategias encaminadas a revertir toda situación de inequidad e injusticia en el campo mediático. Los medios, en sus diferentes variantes, se han convertido en el escenario fundamental, en la prueba de las pruebas, para medir los niveles de tolerancia y pluralismo existentes en la sociedad contemporánea. Transigir equivaldría aceptar que ya nada puede hacerse por reconquistar una libertad cada vez más acotada, sujeta a caprichos políticos, a las veleidades de los anunciantes y a la maledicencia de los gobernantes. Al acecho y control de los empresarios.

Se vuelve imperiosa la formulación de nuevas propuestas que restituyan su carácter cívico y político a la de libertad de expresión. La mejor manera de ventilar las diferencias políticas, económicas y religiosas, sigue siendo a través de la discusión abierta. El debate y la controversia son las mejores armas para dirimir las diferencias. Los medios para ganar autoridad son los primeros llamados a crear espacios que permitan a la ciudadanía presentar sus demandas, cuestionar los distintos poderes, elevar sus peticiones ante diferentes instancias públicas y privadas, mostrar su desacuerdo acerca de la manera como se conduce la gestión pública, rechazar los abusos cometidos por empresarios y gobernantes, solicitar el relevo de sus autoridades, pedir cuentas a las autoridades estatales, exigir transparencia en el manejo de las finanzas públicas, disentir de las políticas económicas en marcha, reclamar mayor participación en temas de interés económico, político y social, admitir los cuestionamientos que les formula la ciudadanía, mostrarse contrarios a hipotecas onerosas de la soberanía nacional.

Discutir el tema de la libertad de expresión a la luz del presente siglo significa liberar este concepto de trabas políticas y comerciales. Los debates surgidos en los setenta y noventa del siglo pasado no han hecho más que poner en evidencia la urgencia de restituir la dimensión política a la libertad de expresión. Las grandes promesas que encierran las nuevas tecnologías en el campo de las libertades ciudadanas ya están siendo sometidas al acecho y control gubernamental y empresarial. En el siglo XXI la conquista de una auténtica libertad de expresión continúa siendo una de las exigencias más apremiantes. La desaparición de la privacidad, la intervención de nuestras comunicaciones a través de sistemas de espionaje cada día más sofisticados, las nuevas formas de censura, los linchamientos auspiciados por los medios, su acaparamiento, el acoso y asesinato de periodistas (Reporteros sin Fronteras, apuntó 15 periodistas muertos en América Latina), tornan imperiosa la lucha por conseguir que el ser humano pueda expresarse sin temor al silenciamiento y al golpe del hacha que amenaza cortarle la cabeza.

** Trabajo presentado en VII Congreso Centroamericano de Ciencia Política en Agosto 2013. 

Referencias Bibliográficas                      

Aguilar Valenzuela, Rubén. Autoritarismo y comunicación. Revista Etcétera, México. 23 de julio 2009.

Castells, Manuel. Comunicación y Poder. Siglo XXI Editores. México, 2012.

Debray, Regis. Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente. Paidós Comunicación. Barcelona, 1994.

Enzensberger, Hans Magnus. Para una teoría de los medios de comunicación. Anagrama. Barcelona, 1972.

Fernández, Eduardo. Medios de comunicación: ¿Sustitutos de la actividad política?. Revista Contribuciones 2/1996, CEIDLA Konrad Adenauer Stiftung. Buenos Aires, 1996

Trejo Delarbre Raúl. Poderes salvajes, mediocracia sin contrapesos. Ediciones Cal y Arena. México, 2004.

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