La inclusión de cuatro incisos al final del Artículo 92 en las reformas constitucionales abrió
paso al debate. Se trata de regular el funcionamiento del espectro
radioeléctrico, las bases de datos, registros informáticos y satelital, lo cual
provocó reacciones de parte de miembros de la clase política, no así inexplicablemente de los expertos en
telecomunicaciones e internet. La pretensión consiste en cambios dramáticos que
inciden en las operaciones de las empresas telefónicas, servicios financieros,
televisión por suscripción y satelital, y medios
de comunicación. Igual fenómeno se presenta para los cibercafés y
computadoras personales. Una vez más queda de manifiesto la voluntad política
de los poderes establecidos por controlar la
tecnología más avanzada. En un principio fue la radio, enseguida la televisión
y ahora se trata de los satélites e internet. La libertad de expresión siempre
acosada y perseguida.
El tema concita la participación de distintos sectores de la vida
nacional, incluyendo desde luego la sociedad civil y ciudadanía en general. Las
telecomunicaciones se han convertido en piedra de toque. Desde la aparición de
la primera generación de satélites durante la década de los sesenta del siglo
pasado, cuyos alcances rebasaban las fronteras nacionales, asomaron las
primeras suspicacias. En la estratósfera empezaron a pulular satélites para
espiar lo que hacían las naciones. Los satélites militares fueron puestos en órbita.
La era de los aviones espías tocaba retirada. Muchas bases militares dejaban de
tener la preeminencia que habían alcanzado años atrás. El dominio de los mares
abría paso al dominio de los
cielos. Como apunta Armad Mattelart, los seres humanos se percataron que
apreciaban mejor la tierra desde arriba. El dominio del cielo cambió las formas
de los confrontamientos bélicos.
La naturaleza del debate planteado demanda con urgencia la
presencia de expertos en redes y telecomunicaciones. En esta ocasión las
operadoras telefónicas no pueden rehuir la discusión, mucho menos quedarse
calladas. El desafío planteado por los alcances del contenido del Artículo 92
los obliga a manifestarse. En caso de aprobarse en los términos que fue
presentado ante el plenario de la Asamblea Nacional, tendrían que realizar
cambios sustantivos. El más drástico sería tener que trasladar sus bases de
datos al país. ¿Cuál es el criterio de Claro y Movistar? ¿Cómo les afectan
estas disposiciones? ¿Estarían dispuestas actuar en consonancia con lo
establecido en el Artículo 92? ¿Cuáles son los países donde han tenido que
operar en estos mismos términos? ¿Cómo les ha ido? ¿Se trata de una experiencia
novedosa que delimita el carácter de su trabajo? ¿Normas y tratados
internacionales lo permiten?
Los especialistas que laboran para estas dos grandes empresas
deberían ser los primeros en adelantar las consecuencias y resultados que
tendría para Nicaragua la aprobación de lo solicitado por el partido en el
poder. Ser cautelosos no supone dejar en evidencia una vez más el silencio
sepulcral que han mantenido cada vez que Telcor actúa fuera de los alcances
establecidos en la Ley de Telecomunicaciones (Ley 200). De igual forma debe
proceder Claro. Siendo la compañía que ofrece a nivel nacional los servicios de
televisión por suscripción en sus dos modalidades, por cable y satelital, ¿verá
afectados sus servicios o en nada perturbaría sus
operaciones? ¿Los servicios de internet que ofrecen Claro, Movistar y Yota, que
tipo de afectación sufren? ¿Tendrán que mudar sus bases datos a Nicaragua? ¿Qué
ajustes estarían obligados a realizar de aprobarse estas disposiciones?
A través de estos años nunca nos cansamos de predicar y advertir
que las comunicaciones en el sentido moderno adquirían un carácter transversal.
Nada queda fuera del maridaje de las telecomunicaciones, internet y medios de
comunicación. Todas las actividades humanas son permeadas. Desde la medicina
hasta la agricultura. Desde la navegación aérea y marítima hasta las
operaciones bancarias. Desde la educación, la cultura y el arte hasta los
sistemas de localización y prevención de huracanes. Desde los sistemas de
espionaje, las operaciones bélicas hasta los sistemas de vigilancia en los
hogares, tiendas, supermercados y almacenes. Desde la industria editorial, los
servicios informativos en tiempo real hasta la televisión. La comunicación vive
su mejor momento. Es el barco de proa de la revolución científico-técnica. El
sector más dinámico de la economía mundial.
Se necesita un debate de altura, invitar a que participe el
director de Telcor, los técnicos del ejército y la policía, los banqueros,
dueños de líneas aéreas, agricultores y empresarios pesqueros, expertos de
Ineter, profesores de telecomunicaciones, ingenieros en electrónica y sistemas,
para tener una aproximación exacta de lo que implican para la vida del país las
reformas relacionadas con las bases de datos, registros informáticos y espectro
radioeléctrico. Igualmente deben ser invitados las organizaciones de la
sociedad civil, centros de comunicación, y especialmente la clase política.
Desde que los medios audiovisuales adquirieron la hegemonía les arrebataron
buena parte de la representación ciudadana. La aprobación del Artículo 92
determinará el sistema de comunicación que prevalecerá en Nicaragua. Como está
planteado tiende a cerrarse y ahondar el autoritarismo. Pretende un control excesivo.
Las comunicaciones están vinculadas con el tema del poder, creer
lo contrario sería pecar de ingenuos. Los movimientos sociales surgidos en Túnez,
Egipto, Islandia, Estados Unidos y España, no se deben únicamente a la
existencia de Internet. Son el
resultado de una simbiosis: la combinación del espacio público y de internet,
en lugares donde se desarrolla la vida social. Aunque indudablemente, como
apunta Manuel Castells, “los movimientos sociales siempre han dependido de
la existencia de mecanismos de comunicación específicos: rumores, sermones,
panfletos y manifiestos, divulgados de persona a persona, desde el púlpito, la
prensa, o por cualquier medio de comunicación disponible”. Tampoco hay que
olvidar que las redes digitales son el medio de comunicación más veloz,
reprogramable y autoprogramable. ¡Muy, pero muy difícil de encarcelar!
¿Las reformas tendrán carácter retroactivo me preguntaron mis
alumnos de Derecho y Comunicación? ¿Claro dejará de ofrecer los servicios de
telefonía básica, móvil, internet y televisión por suscripción y satelital? Yo
adelanté que no. A no ser que también se cambie o modifique el derecho en el
que se inspiran las normas jurídicas en Nicaragua. La ley no
tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo. Les expliqué además que también
nuestra legislación contempla la teoría de los derechos adquiridos. Aún con mi
respuesta no dejaron de asaltarles dudas. Cambios de esta magnitud serán
demasiado costosos para el
gobierno. Creo que los empresarios se deberán sentir un poco asustados. Sobre
todo el gran capital. Tienen sobradas razones para estarlo. La tentación es tan
grande como para dejar de ejercer controles sobre lo solicitado.
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