Una ley sui géneris

Desde hace poco más de un quinquenio los gobiernos latinoamericanos –desde México hasta Argentina- se encuentran afanosos legislando en el campo de la comunicación. Una labor a la que se han entregado de manera fervorosa. La puesta al día de sus legislaciones tiene múltiples motivaciones. A las transformaciones inevitables que plantean los cambios radicales y vertiginosos de las tecnologías de la comunicación se suman distintas voluntades políticas. Unas con la intención de poner fin al dominio ejercido por grupos tradicionales de poder e inclinar la balanza a su favor, otras para ordenar y modernizar un campo en constantes mutaciones y muy pocas con la intención de propiciar el pluralismo y la democratización de las comunicaciones. Las preferencias de los gobernantes están en consonancia con la forma que ejercen el poder en sus respectivas sociedades. La orientación y la naturaleza de estas mudanzas revalidan una vez más la centralidad política de la comunicación.

La más reciente de todas, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue aprobada en Uruguay el pasado 10 de diciembre de 2013. Ante la existencia del sistema bicameral pasará al Senado para su discusión y perfeccionamiento en el presente mes de enero. Una propuesta con una serie de disposiciones que la convierten en una ley sui géneris. Considera los servicios de comunicación audiovisual de interés público, crea la figura del Ombudsman, introduce la cláusula de conciencia, impide a los prestatarios de estos servicios operar en el campo de las telecomunicaciones, estatuye el principio de transparencia, ratifica la importancia de las consultas públicas, expone que los servicios audiovisuales son un elemento estratégico para el desarrollo nacional, reconoce su carácter fundamental para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y la libertad de información como preexistentes a cualquier intervención estatal, plantea el uso equitativo de las frecuencias radioeléctricas y se opone a toda forma de monopolio.   

A tono con las corrientes modernizantes concibe el espectro radioeléctrico como patrimonio común de la humanidad. Incorpora como parte del texto la aplicabilidad de la Convención sobre Diversidad de Expresiones Culturales de la UNESCO y las normas jurídicas emanadas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La regulación de estos servicios está soportada en los principios de pluralismo, diversidad, igualdad de oportunidades y publicidad en los procedimientos y condiciones de otorgamiento, transferencias y caducidad de las licencias. En concordancia con estos preceptos alienta la creación de un sistema mixto de comunicación, al propiciar la existencia de servicios audiovisuales públicos, comerciales y comunitarios. Una aspiración a la que no hemos renunciado para Nicaragua. Acepta los principios contenidos en la Declaración de Chapultepec, los medios deben realizar su labor en forma independiente, una aspiración permanente en el entorno nicaragüense.

Salva distintos obstáculos que enfrentan medios y periodistas de manera constante. Con mucho tino rechaza las presiones directas o indirectas ejercidas en su contra, al considerar incompatibles con la libertad de expresión la utilización del poder y los recursos económicos del Estado para presionar, castigar, premiar o privilegiar a medios y comunicadores en función de sus líneas informativas. Con enorme sabiduría el mandatario uruguayo Pepe Mujica, manifestó públicamente que estaban legislando “para cuando no estemos en el poder”. El artículo referido a la transparencia (Art. 23), facilita el acceso de los interesados en conocer los procedimientos para el otorgamiento, renovación y revocación de las licencias. Más cercana a nuestra experiencia impone al ente encargado de la administración de esta ley, la exigencia de dar a conocer la identidad de los titulares de los servicios de comunicación audiovisual, nombres de socios, accionistas y empresas que conforman los grupos económicos que operan en el terreno audiovisual.

Los argumentos utilizados para frenar la concentración mediática obedecen a que monopolios y oligopolios, como todos sabemos, “conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y la diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas. Es deber instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control” (Art. 42). En Nicaragua ningún gobierno ha asumido el mandato establecido en el Artículo 68 de la Constitución Política, instituido precisamente para evitar que no ocurriera lo que pasa actualmente en el campo audiovisual. El duopolio formado por la familia gobernante y el empresario mexicano-estadounidense Ángel González, constituye el mayor impedimento para el libre juego democrático, los medios audiovisuales se han convertido en escenario natural para el ejercicio del debate público. La tardanza deliberada en la aprobación de una ley que subsane los vacíos existentes en la Ley 200 confabula contra los intereses del país.

¿Qué medios o recursos pueden resultar útiles o prácticos para saber en verdad quiénes son los dueños o propietarios de la radio y televisión? El antídoto los legisladores uruguayos lo encontraron al disponer que el registro de los servicios audiovisuales sea público, esté permanentemente actualizado y disponible para la población por medios electrónicos de carácter gratuito. En Nicaragua los intentos para que Telcor facilite el listado de emisoras y el nombre de sus dueños resultan infructuosos. La negativa rotunda imposibilita la realización de investigaciones de naturaleza académica. La Ley de Acceso a la Información Pública es inaplicable. No existe voluntad política encaminada a propiciar la transparencia. En el caso uruguayo más importante resultan las limitaciones impuestas por ley en la titularidad de los servicios de radio y televisión abierta. Solo con disposiciones explícitas y de rigurosa aplicabilidad pueden evitarse los procesos de concentración que viven actualmente diversos países latinoamericanos, particularmente Nicaragua.

La ley uruguaya una vez que entre en vigencia, impone el desmontaje al menos de dos empresas debido a su esquema de propiedad oligopólica. El Art. 44 dice textualmente: “Una persona física o jurídica no puede ser beneficiada con la titularidad, total o parcial, de más de 3 (tres) autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de 2 (dos) para prestar servicios de radiodifusión abierta en la misma banda de frecuencias (AM, FM, TV), en todo el territorio nacional”. A la vez señala que las nuevas autorizaciones en los servicios de radiodifusión de radio abierta en la banda FM y de televisión abierta de los sectores comercial y comunitario tendrán alcance, a lo sumo departamental. Iguales limitaciones existen para la titularidad de los servicios de televisión para abonados. La legislación uruguaya busca favorecer a todo el conglomerado social sin establecer privilegios a favor de determinados grupos de poder. A eso obedece el beneplácito con que fue recibida esta ley por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Una de sus insuficiencias viene a ser la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo. Esta disposición peca de diminuta. ¿A qué se debió que una ley que incorpora conceptos y principios democráticos y democratizadores en la comunicación no haya dado el paso creándolo como un órgano autónomo sin sujeción al Ejecutivo? En la medida que se distancie lo más posible de las acechanzas de quienes detentan el poder central, en esa misma proporción sus miembros podrán actuar con mayor autonomía e independencia y el trabajo encomendado resultaría más efectivo. Los poderes que deja en manos de la presidencia de la república la tornan vulnerable, sobre todo partiendo del planteamiento del Presidente Mujica. Los políticos cuyo mandato se ejerce en función de amplias mayorías, deben tomar en cuenta el futuro, siempre el futuro, para que cuando los reflectores del poder se hayan apagado sus acciones todavía iluminen su camino. Una manera de dejar un legado permanente más allá del término de sus vidas.

Las disputas en la agenda

Durante el año 2013 quedó en evidencia el creciente poder conseguido por la familia gobernante a través del progresivo control de los medios de comunicación. Ante la convicción que a los medios corresponde moldear el imaginario social, ofrecer visiones y versiones del acontecer nacional e internacional, visibilizar o invisibilizar temas y actores sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos y militares, parte sustantiva de su gestión continúa orientada a engrosar el número de canales de televisión e incrementar la cuantía de emisoras radiales bajo su propiedad. Esta iniciativa tiene en mira la cooptación efectiva de numerosos medios y periodistas. Lo siguen y continuarán haciendo mediante la entrega de licencias audiovisuales y publicidad enlatada a sus aliados. Los spots televisivos, convertidos en auténticas piezas de propaganda política, permiten asentar su discurso sin la existencia de filtros ni mediaciones que entorpezcan los mensajes. Se trata de las mismas versiones transmitidas en sus canales, una modalidad muy efectiva a la cual no están dispuestos  a renunciar. En otros casos pasan como si fuesen noticias.

La falta de entrega de información pública -a la cual están obligados por ley- no tuvo variación o cambio alguno, ni es pensable que lo tenga durante el año 2014. La centralización de la información relacionada con el dengue - una verdadera crisis sanitaria, tanto que el gobierno impuso alerta roja- puso de manifiesto que ni en casos extremos, estando la salud de los nicaragüenses de por medio harán redefiniciones al patrón de conducta al que ajustan sus políticas informativas. Las contradicciones en que incurren son manifiestas. La promulgación del Acuerdo Administrativo 013-2010, se justificó bajo el argumento que el país estaba siendo sometido a las inclemencias de un invierno que causaba daños y ponía en peligro la vida de centenares de personas en la zona costera del Lago Xolotlán. El dengue estuvo en agenda durante seis meses, sin que el gobierno hiciera uso de los recursos que él mismo creó para enfrentar este tipo de situaciones. ¿Cuándo anunciantes, la clase política y publicistas comprenderán la importancia determinante de los medios locales?

En este contexto cabe preguntarse ¿Es posible competir con los medios gubernamentales? Las lecciones que dejó 2013 pueden ser provechosas si medios y periodistas logran percatarse que en situaciones complejas como las que enfrentan, existe espacio suficiente para mejorar la calidad de sus propuestas informativas. Una de sus debilidades persistentes proviene de la naturaleza institucional de sus agendas. Cuando el Estado vacaciona, así como para finales y principios de año, se produce una especie de vacío en sus agendas. Los retos saltan a la vista. Continúan atados a las rutinas de las instituciones estatales, policiales, bomberiles y cruzrojista. A lo anterior habría que añadir los desafíos que provocan los hechos duros que plantean las acciones gubernamentales –canal interoceánico, reformas constitucionales, reformas al código militar y del seguro social, etc. En esta disyuntiva lo recomendable consiste en desmarcarse y construir una agenda propia, crítica y propositiva y eludir las prácticas contestarias en las que han venido incurriendo.

Las informaciones relacionadas con el canal interoceánico permiten comprobar que cuando medios y periodistas se proponen realizar algo diferente lo consiguen: fue el tema que mejor trataron. Mientras los medios oficiales y oficiosos siguieron una política obsecuente con el gobierno, los principales ejes informativos de los medios ajenos a su influencia, colocaron en la agenda de manera sistemática, una amplísima gama de problemas que podrían derivarse de su construcción. Dos constantes fueron la sistematicidad informativa y la amplitud de fuentes consultadas. Con enorme solvencia destacaron que se trataba de una concesión realizada sin licitación pública, expusieron las violaciones a la Constitución Política de Nicaragua que cometía el gobierno, las incongruencias en las declaraciones de Wang Jing, la pérdida del reservorio de agua más grande de Centro América, el apresuramiento exhibido en relación a los estudios de factibilidad ambiental, la entrega del territorio nacional en términos onerosos y la forma que comprometieron las reservas del Banco Central de Nicaragua, como garantía para el inversionista. Los medios afines al gobierno se comportaron como simples correas de transmisión del discurso oficial.

Existen temas que los medios oficiales y oficiosos tratan de obviar en sus agendas informativas. #OcupaINSS viene a ser paradigmático. Los medios progubernamentales solo informaron acerca de los reclamos de las personas de la tercera edad cuando se sentaron a negociar y durante la firma de los acuerdos alcanzados. La vapuleada a los jóvenes, las pérdidas de vehículos, celulares y computadoras portátiles, jamás fueron objeto de interés informativo. ¿Debemos considerar exitoso el manejo que hizo el gobierno de este caso? Nunca. Incluso quienes se informaban en sus canales, se vieron forzados a reflexionar y preguntarse ¿qué estaba pasando para que el gobierno finalmente accediera a negociar con las personas de la tercera edad? La puja informativa alcanzó las redes sociales donde se produjo un fenómeno viral que trató de ser contrarrestado expresamente por personas identificadas con su política informativa. La movilización de personeros de la Conferencia Episcopal y los reclamos de los agraviados persisten.

Lo ocurrido con MPeso muestra de forma diáfana cómo los medios gubernamentales y progubernamentales se vieron obligados hacerse cargo de temas a los que generalmente vuelven la espalda. Los reclamos tenaces de los usuarios del transporte público capitalino, las arremetidas que sufrieron tratando de acallar sus protestas, ejemplifica lo difícil que resulta para el gobierno silenciar temas que explosionan en las calles, micrófonos, diarios y pantallas televisivas. Otro gran tema, los grupos armados en la zona central norte y Costa Caribe se convirtió finalmente en un test formidable para medir hasta dónde los medios oficiales son capaces de dar la espalda a hechos duros puestos en agenda por medios ajenos a su influencia. En la medida que los acontecimientos vinculados con los armados fueron conociéndose, el Jefe del Ejército Nacional, General Julio César Avilés, se vio compelido a manifestarse. Se trató de una controversia que derivó en tratar de conocer quién gozaba de mayor credibilidad. La mayoría de los medios mostró dos versiones contrapuestas: la existencia de armados sostenida por la Conferencia Episcopal y las refutaciones del General Avilés, afirmando que se trata de grupos delincuenciales. 

Donde mayor pobreza exhibieron casi la totalidad de los medios fue en los litigios con Colombia y Costa Rica. Sin duda se trata de un tema delicado que exige rigor, precisión, dominio y conocimiento, que solo los expertos tienen. La mayoría de los medios abandonaron posiciones críticas. Temían ser señalados de antipatriotas, una bandera de la que echan mano siempre los gobernantes. Ni siquiera los especialistas del más alto nivel fueron capaces de hacer una lectura desprejuiciada de la última resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Cuando el tribunal de La Haya hizo público el fallo la generalidad de los medios se plegó de inmediato a la lectura que hizo el gobierno, olvidando por completo que se deben a sus lectores, radioescuchas y televidentes. Cercanos a los juegos de poder, sus posiciones nos permitieron corroborar que en estos casos siempre evitan caer en contradicciones con los personeros de gobierno. Los medios vieron un triunfo rotundo de Nicaragua. Ante la imposibilidad de desmentir el desliz cometido en los caños de nuestro país, al gobierno no le quedó otra salida que aceptar el hecho antes que se produjese el fallo. Nada más.

Los medios deben plantearse el establecimiento de una agenda propia. No servir ni seguir siendo furgón de cola del aparato estatal. Las lecciones del polaco Ryszard Kapuscinski, hoy más que nunca resultan valederas y de enorme importancia en el contexto por el que transcurre la vida del periodismo en Nicaragua. Kapuscinski insiste en recordar que él nunca recurrió a las fuentes oficiales, siempre  creyó que sus ofertas informativas estaban saturadas por intereses creados. Tampoco tenemos que olvidar a Bertolt Brecht a quien debemos uno de los aforismos más lúcidos en el mundo del periodismo. El dramaturgo alemán, quien vivió toda su vida prendado de la radio, fue quien sentenció que toda forma de periodismo debe ser investigativa lo demás pura propaganda. En Nicaragua las grandes interrogantes con las que tienen que lidiar medios y periodistas siguen siendo cómo hacer periodismo en un país donde las puertas de los ministerios están cerradas, el presidente no da entrevistas, los ministros se muestran mudos y la información pública no circula sino a través de los medios oficiales y oficiosos. ¡Este conjunto de hechos forman parte de los desafíos! ¿Sabrán encararlos?