El anuncio gubernamental de la
aparición de un nuevo operador de telefonía celular, ha generado suspicacias
entre diversos sectores de la vida nacional, incluso entre las dos firmas que
actualmente brindan este servicio. La licitación abierta por Telcor es con la
pretensión de llevar la telefonía celular hacia las zonas rurales. Las
sospechas anticipadas se deben a que pueda ocurrir algo similar a lo que aconteció
con el ingreso de Yota. Cuando se anunció la aparición de la firma rusa, el
pliego de licitación ya venía con nombre y apellido. Incluso Claro y Movistar
se sintieron agraviadas. Dadas las concesiones que han venido haciendo al
gobierno - jamás han reclamado cuando los canales de la televisión por suscripción
son sacados del aire- pensaron que su coto era invadido por fuerzas
ultraterrestres. No dejaban de tener razón. La redacción del documento señalaba
que iba dirigido para favorecer al portador de una tecnología que solo Yota
disponía.
Se vuelve imperativo recordar que
desde la privatización de las telecomunicaciones (1995), existe una falta
absoluta de apego a las normas en base a las cuales se decidió enajenar el
activo estratégico más importante con que contaba Nicaragua. Yéndonos más atrás
debemos recordar que la venta se debió a imposiciones del denominado Consenso de Washington. El documento
inicial era penoso, concebido desde afuera no ocultó el deseo de alejar cualquier
pretensión de los empresarios nacionales. El prestatario requería de diez años
de experiencia en el campo de la telefonía. Pretendían que la concesión de la
telefonía fija fuese por “veinticinco
años prorrogables a su discreción.” Establecían que se entregara “en concesión exclusiva temporal por el
término de 7 años la prestación de los servicios telefónicos nacionales e
internacionales, así como las líneas privadas nacionales.” ¡El documento rebasaba vergüenza! Muy pocos
diputados estuvieron claros de la trascendencia de este acto de enajenación.
Entre las distintas causas que adujo
el gobierno para su venta, estaba la necesidad de expandir la telefonía hacia
el campo. Hoy vuelve alegarse lo mismo. Una aseveración como esta significa un
reconocimiento explícito que los sectores rurales no han resultado beneficiados.
En vez de pedir cuentas a quienes asumieron este compromiso con el Estado de
Nicaragua, el gobierno más bien ha optado por sacar a licitación la banda
1785-1805 megahertz. El director de Telcor, Orlando Castillo, criticó que los
operadores actuales no se han preocupado por mejorar la cobertura y señal hacia
las zonas rurales. Viniendo esta afirmación de parte de quien administra las
telecomunicaciones, no queda espacio para la duda. Si hubiesen actuado de
manera diferente, las telefónicas se hubieran pronunciado de manera unánime a
través de su eficiente maquinaria de relaciones públicas o a través de su
obsecuente servicio de mensajería.
Con Yota ocurrió un fenómeno parecido.
La licitación anunciaba que enfocaría principalmente sus servicios hacia la
telefonía fija. Claro sintió el cinchazo, la puya venía también con nombre y
apellido. La firma del magnate mexicano Carlos Slim, para resultar beneficiada
con el billete premiado de las telecomunicaciones nacionales a precio de guate
mojado, se había comprometido a llevar estos servicios hacia los sectores
eternamente postergados por las políticas gubernamentales. Claro se lanzó de
lleno a promocionar la telefonía celular olvidando por completo las bases de la
adjudicación. Ante la presencia de Yota, la reacción inmediata de los
dirigentes de Claro, se tradujo en una campaña publicitaria, dispusieron el
número 116 para facilitar la contratación de la telefonía básica. Algunos
juzgaron que la competencia era sana. En un mercado con una estructura
oligopólica, acuerdos entre oferentes imposibilitan que los beneficios lleguen
a los consumidores.
El aterrizaje de Yota tampoco implicó
ningún beneficio para los nicaragüenses. En vez de cumplir los términos del
título habilitante, Yota desanduvo el camino de sus antecesores. Nunca se
intereso por llenar el vacío dejado por Claro. Millares de nicaragüenses,
expectantes por contratar la telefonía fija inalámbrica en sus hogares, se
quedaron a la espera que Yota ofreciera estos servicios. Sin ningún preámbulo,
desde un principio centró su atención en brindar servicios de internet. Su
avance en este campo ha sido lento, casi imperceptible. Igual actitud tomó en
relación al cumplimiento de extender sus servicios hacia el sector rural. Telcor
jamás se ha interesado por poner en cintura a los operadores de la telefonía
fija y celular, ni a quienes prestan los servicios de la televisión por
suscripción. ¿Será que actúa sí como piensan algunos, porque consiente sus desafueros
con la intención de cobrárselos más caros en el futuro inmediato?
Con estos precedentes resulta lógica
la desconfianza asumida con respecto a la presencia en Nicaragua del consorcio
chino Xinwei. Temen que se repitan las irregularidades e inconsistencias que se
produjeron durante el proceso de licitación, donde Yota fue el único operador
que ofertó. Los beneficios hacia el campo continúan siendo piedra toque para la
clase política. Si los gobiernos hubiesen cumplido todos los ofrecimientos
adquiridos en nombre de quienes habitan en las regiones más apartadas del país,
Nicaragua sería otra. Por eso no dejamos de preguntarnos. ¿Cuáles son los
beneficios reales –estamos cansados de promesas- que tendrán los nicaragüenses
con la aparición de una nueva operadora telefónica? ¿En qué proporción bajaran
los precios de los servicios de telefonía básica y móvil? ¿Qué garantías
tenemos que Xinwei cumplirá los términos de la concesión, si Telcor ha sido el
gran consentidor de las telefónicas?
Si partimos del principio que entre
mayor es el número de empresas que ofrecen los servicios de telefonía fija,
móvil, internet, televisión por cable y satelital, deberíamos esperar bajas sensibles
en todos estos servicios. Alegrarnos por la llegada al país de un nuevo operador.
La inefectividad de Telcor y su alcahuetería, conducen a pensar que podría
tratarse más de lo mismo. ¿Cuál es el valor agregado que los nicaragüenses obtendrán
con el arribo de la firma china a Nicaragua? ¿Su alcance será significativamente mayor? Los
conglomerados telefónicos operan para obtener ganancias, entre más pronto
mejor. Xinwei no viene a invertir a si no más, trescientos millones de dólares.
Estamos de nuevo frente a un punto de inflexión. La clase política desistió por
inoperancia o desidia pedir cuentas al gobierno. A nosotros corresponde
hacerlo. ¡Después no se quejen!
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